Causa profunda tristeza en todos los demócratas del mundo asistir al quebranto progresivo de lo que un día fue una democracia sólida, la República Bolivariana de Venezuela.
Antaño tierra de acogida, la tierra de gracia para españoles, italianos, portugueses y numerosos ciudadanos de otros países latinoamericanos, que contribuyeron con su trabajo a construir una nación abierta, tolerante y moderna, asistimos hoy al lento hundimiento de este gran país, tan caribeño como andino, sumido en una profunda crisis económica y, lo que es peor, en un proceso de demolición de sus estructuras democráticas.
Venezuela es hoy un país donde principios como el Estado de derecho o la división de poderes parecen memoria del pasado o aspiraciones para el futuro. El Poder Judicial, cuya cúpula fue renovada anticipada y precipitadamente por la anterior Asamblea de mayoría chavista (sin respetar las competencias que correspondían a la nueva Asamblea Nacional elegida democráticamente en diciembre de 2015), se ha caracterizado por convalidar todas las decisiones del Ejecutivo, algunas de ellas muy dudosas desde el punto de vista legal, y por rechazar por supuesta inconstitucionalidad la totalidad de las normas emanadas de la Asamblea Nacional, depositaria del Poder Legislativo.
El país vive en un estado de excepción y emergencia económica prorrogado una y otra vez, pese a que la Constitución no prevé esta posibilidad. La disidencia es reprimida (fiscal general), y la oposición encarcelada. Hay cerca de 500 presos políticos en Venezuela, incluyendo algunos con nacionalidad española. No son «políticos presos» como los califica el régimen. Son ciudadanos que han luchado por sus ideas y por una Venezuela democrática y que han sido perseguidos, maltratados y encarcelados por ello. Como Leopoldo López. Como Antonio Ledezma. Como Yon Goicoechea.
Los gobernantes de Venezuela, que presumían hasta hace unos años de la frecuencia con la que convocaban (y ganaban) procesos electorales, dejaron de hacerlo cuando un electorado cansado de la inseguridad, de la recesión y de la inflación, les dio la espalda, abrazando la esperanza que representaba la Mesa de la Unidad Democrática. Y que, en las últimas elecciones que merezcan este nombre, ganaron abrumadoramente dos tercios de los escaños del parlamento a finales de 2015. Desde entonces, ni se permitió la celebración de un referéndum revocatorio, previsto en la Constitución venezolana, que pedía lícitamente la oposición, ni se convocaron las elecciones regionales, previstas para el año pasado.
El penúltimo episodio que ilustra la burla a la democracia, ha sido la convocatoria unilateral de un proceso constituyente, sin un amplio consenso previo, sin consultar antes al pueblo por referéndum (como sí hizo Hugo Chávez en 1999), sin respetar la igualdad de voto de los venezolanos; diseñando un sistema electoral ad hoc, con una parte de los constituyentes elegidos de manera no democrática sino corporativa, que garantiza al oficialismo el triunfo y el consiguiente control de la Constituyente. Ésta se ha convertido hoy ya en la principal amenaza a la democracia en Venezuela. Sus supuestas competencias son ilimitadas ya que estarían por encima de la propia Constitución, por lo que puede ser utilizada por el chavismo para acabar con los últimos vestigios de democracia e independencia en Venezuela: la fiscalía general, la Asamblea Nacional y la propia Carta Magna.
Es por eso que España, junto a la mayor parte de los países americanos y europeos, no va a reconocer a esta Constituyente, que no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, que no tiene constitucionalmente facultades legislativas (que corresponden a la Asamblea Nacional) y que no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan a ese querido país, más bien los agrava. España no reconocerá una Constituyente que no cuenta con un amplio consenso nacional, y que no ha sido elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto. España no reconocerá ni dará validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente.
¿Qué es lo que queremos para Venezuela? Lo mismo que quiere la inmensa mayoría de los venezolanos: paz, estabilidad, democracia, respeto por los Derechos Humanos. España siempre ha defendido la necesidad de un entendimiento entre los poderes del Estado, que redundara en favor del pueblo de Venezuela. Tras las elecciones de 2015 pedimos que Ejecutivo y Legislativo cohabitasen, colaborasen y trabajasen juntos para resolver los graves problemas económicos y sociales que ya entonces se apuntaban. A lo largo de los últimos meses hemos animado y apoyado las iniciativas regionales que han buscado mediar en la crisis venezolana y favorecer un diálogo, que debía ser urgente, sincero y efectivo, sobre cinco principios básicos:
- Fin de la violencia y del derramamiento de sangre y reconocimiento del derecho de manifestación pacífica.
- Respeto por la separación de poderes.
- Plena liberación de todos los presos políticos.
- Establecimiento de un canal humanitario para hacer llegar ayuda a la población.
- Fijación de un calendario electoral conjuntamente acordado que devuelva la palabra al pueblo, con pleno respeto al sufragio universal, libre, directo y secreto.
España ha liderado el tratamiento de la crisis venezolana en las instituciones comunitarias. A petición nuestra, el Consejo de Asuntos Exteriores aprobó Conclusiones sobre Venezuela el 18 de julio de 2016 y el 15 de mayo de este año, que incluyen los cinco puntos antes mencionados. También con nuestro impulso, la UE fijó su posición en contra del proceso constituyente.
Hemos compartido también nuestra preocupación por la situación en Venezuela con los países de la región, cuyo papel en una solución va a ser imprescindible. Lo hicimos tanto durante mi viaje a Perú y México en marzo como en el viaje del presidente del Gobierno a Uruguay y Brasil en abril y con ocasión de la participación del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, en la Asamblea General de la OEA en mayo.
Lamentablemente, el Gobierno venezolano ha desatendido todos los llamamientos a favor del diálogo que le han llegado de dentro y de fuera de sus fronteras. Hoy Venezuela está más lejos que nunca de un entendimiento y la comunidad internacional cree que ha llegado la hora de adoptar medidas más firmes.
Nos preocupa el futuro de los venezolanos y no vamos a tomar ninguna decisión que endurezca sus condiciones de vida, muy deterioradas ya por las erráticas políticas económicas de sus gobernantes. Su país está hoy ante una encrucijada, y hemos de estar a la altura de las circunstancias. Por ello, España acaba de impulsar en el seno de la UE que se inicie el procedimiento para estudiar la imposición de medidas restrictivas individuales, selectivas, como se ha hecho en otras situaciones de gravedad similar. Queremos desde la UE mandar una señal clara de que no se puede impunemente burlar la democracia, violar los Derechos Humanos e ignorar la voluntad del pueblo.
Esperemos que el Gobierno de Venezuela escuche el clamor popular, retome la senda democrática y constitucional y, sin más víctimas, permita que se alcance un amplio acuerdo con todas las fuerzas políticas que facilite la concordia y la reconciliación de todos los venezolanos.