En relación a las noticias publicadas sobre el corredor del 5G del Mediterráneo, el Gobierno de España niega rotundamente que haya vetado el acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la región francesa de Occitania.
Las Comunidades Autónomas tienen la obligación legal de consultar los textos de los acuerdos no normativos de carácter internacional que desean suscribir.
Después de intentar saltarse este trámite y toparse con el tajante rechazo de la Comisión Europea, la Generalitat de Catalunya sometió dicho acuerdo al Estado que determinó la necesidad de introducir cambios formales en razón de su naturaleza jurídica (acuerdo internacional no normativo) y otros relacionados con el contenido.
Tras la preceptiva consulta a los Ministerio de Economía y de Fomento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recordó al gobierno catalán que la competencia sobre telecomunicaciones y sobre la coordinación en materia de transportes pertenece al Estado.
El informe enviado a la Generalitat de Catalunya por el Ministerio de Exteriores en septiembre de 2019, al que se refiere la información, no prohíbe el acuerdo sino que hace indicaciones de modificación para que se hiciera conforme a la ley. No se niega, por lo tanto, un eventual apoyo a la iniciativa si se modifica el documento.
El corredor 5G del Mediterráneo está definido en las enmiendas del reglamento CEF introducidas por el Parlamento Europeo. El corredor 5G del Mediterráneo, en concreto, abarcaría dentro de España las Comunidades Autónomas de toda la costa mediterránea, incluyendo pero no limitándose a Cataluña. Y es importante que el desarrollo del 5G sea lo más uniforme posible en todas las zonas por las que pasará el corredor.
El Gobierno de España está a disposición de la Generalitat para resolver las dudas que pudiesen plantearse y queda pendiente de una nueva formulación del Plan de Trabajo con la Región de Occitania en materia de conducción automatizada y conectada sin que, por el momento, haya recibido respuesta alguna.