España sigue con profunda preocupación la situación de deterioro institucional, económico y social en Venezuela y, como ha venido haciendo desde el inicio de la crisis, sigue apostando por una solución pacífica, democrática y negociada entre venezolanos en el marco del Estado de Derecho.
Entendemos que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de contribuir a esa solución; de ahí la importancia de potenciar la coordinación de esfuerzos entre los distintos actores que comparten esta aspiración y, en particular, con los actores de la región. Agradecemos por ello la ocasión que se nos ha brindado de participar en esta cita.
Reconocemos el importante liderazgo que el Grupo de Lima ha ejercido a la hora de situar la crisis venezolana en el centro de atención de la comunidad internacional y de formular propuestas para la búsqueda de una solución a la crisis.
En línea con lo indicado en la declaración de la Alta Representante de la UE, del pasado 19 de abril, hacemos un llamamiento al Gobierno venezolano para que convoque un proceso electoral que asegure la celebración de unos comicios libres, transparentes y creíbles. Ello requiere que se verifiquen las siguientes condiciones: participación en igualdad de condiciones de todos los partidos políticos y de todos los candidatos; una composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral que garantice su imparcialidad; un calendario electoral viable y acordado con las distintas fuerzas políticas; el despliegue de misiones internacionales independientes de observación; y todas las garantías técnicas requeridas por los estándares internacionales. La convocatoria electoral del 20-M en sus términos actuales no cumple dichas condiciones.
En relación a la grave situación humanitaria en Venezuela y al impacto migratorio de la misma, ya desde 2017 España viene desarrollando acciones para atender a los afectados por este fenómeno, en coordinación con diversas agencias multilaterales y ONGs. Los recursos que hasta la fecha hemos destinado a este propósito ascienden a más de 2.000.000 de euros. España está analizando nuevas modalidades para ampliar nuestra asistencia humanitaria, en especial en el sector de la salud.
España continuará trabajando tanto bilateralmente como en el ámbito multilateral, en particular en el marco de la Unión Europea, para contribuir a que sean respetadas las competencias constitucionales de las instituciones venezolanas y, concretamente, las de la Asamblea Nacional. Manifestamos igualmente la conveniencia de continuar con el intercambio de información financiera, de conformidad a los estándares internacionales, para impedir cualquier forma de financiación ilícita.