«Conviene, a la vista de lo que se ha dicho en Gibraltar, en el Reino Unido e incluso en España, recordar unas cuantas verdades sobre esta cuestión»
Como ocurre con cierta regularidad, la cuestión de Gibraltar ha vuelto a saltar a los medios; en esta ocasión a cuenta de la visita al Peñón de Philip Hammond, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, departamento ministerial británico que tiene a su cargo -y no es casualidadlos asuntos de Gibraltar. No quiero extenderme sobre la visita, seguida por cierto de la del jefe del Estado Mayor Conjunto británico, de la que ya hemos hecho llegar nuestra opinión a nuestros amigos británicos. Pero sí creo que conviene, a la vista de lo que se ha dicho en Gibraltar, en el Reino Unido e incluso en España, recordar unas cuantas verdades sobre esta cuestión.
En primer lugar, Gibraltar no es otra cosa que un territorio no autónomo, sometido al proceso de descolonización, en dos palabras: una colonia. En 1963 fue incluido en la lista de la ONU de territorios a descolonizar y de ahí no ha salido. Desde ese año, por tanto, el Comité Especial de la Naciones Unidas encargado de examinar la situación respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, el llamado Comité de los 24, lo tiene entre los territorios de su competencia. En 1964 este Comité alcanzó un consenso sobre la situación en el territorio no autónomo de Gibraltar por el que instaba al Reino Unido y a España a iniciar sin demora conversaciones a fin de encontrar una solución negociada. Al año siguiente la Asamblea General hacía suyos los términos del consenso e invitaba a ambas naciones a iniciar dichas conversaciones. Año tras año la ONU ha mantenido este mandato a los dos estados, que sigue por lo tanto plenamente vigente. Interesa también destacar que la ONU insta a la descolonización conforme al principio de integridad territorial y no en virtud de ningún supuesto derecho de autodeterminación de un hipotético «pueblo» gibraltareño (de hecho, en 1967 condenó el referéndum celebrado en Gibraltar). Sí se establece en cambio que los intereses de la población de Gibraltar deberán ser escuchados. Para eso cuentan con un excelente canal: el Gobierno británico. Nosotros estaremos encantados de escuchar, pero la negociación sobre soberanía corresponde a Londres y a Madrid exclusivamente. En suma, para la ONU lo que hay es una situación colonial a la que se le debe poner fin. Los diferendos entre países deben resolverse de acuerdo con la legalidad internacional, no atendiendo a proclamadas voluntades de un pueblo.
En segundo lugar, España ha reiterado en incontables ocasiones al Reino Unido su disposición a retomar estas conversaciones. Y digo retomar porque en la Declaración de Lisboa de 1980 ambos países nos propusimos resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Cuatro años más tarde, la Declaración de Bruselas corroboró la de Lisboa y estableció un proceso para llevar a su cumplimiento lo acordado. Desafortunadamente, el Reino Unido decidió no seguir adelante.
En tercer lugar, quiero recordar que España persigue aquí un doble objetivo: negociar con el Reino Unido como nos pide Naciones Unidas y hacer todo lo posible para el progreso en todos los órdenes del Campo de Gibraltar. La cooperación regional en la vida económica, social, cultural o deportiva de la comarca del Campo de Gibraltar con el Peñón tiene sin duda una influencia positiva en ese progreso. De ahí que, en contra de lo que algunos dicen, la apoyemos. Ahora bien, tiene que hacerse con sentido común y de manera que revierta positivamente en el Campo y no solo en Gibraltar. Para eso conseguimos acordar con el Reino Unido crear un mecanismo ad hoc de cooperación local en el que participasen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía. Por el lado español, estamos preparados para ponerlo en marcha cuanto antes. Como mi predecesora socialista en el cargo descubrió, no era posible seguir adelante con el llamado foro trilateral que daba al gobierno local de Gibraltar un derecho de veto sobre lo que decidieran el Reino Unido y España y además dejaba fuera al Campo y a la Junta de Andalucía.
Perseguir estos objetivos no nos aparta de nuestra responsabilidad de tener la guardia alta contra actividades de las autoridades gibraltareñas u originadas en Gibraltar que nos perjudiquen. De ahí nuestra denuncia del régimen fiscal de Gibraltar ante la Comisión Europea, que ha abierto el oportuno procedimiento de investigación, o la lucha contra el contrabando de tabaco proveniente de Gibraltar, gracias a la cual se han intervenido más de 2.800.000 cajetillas de tabaco en el puesto aduanero de La Línea de la Concepción entre 2012 y 2015. En suma, ahora que estamos oyendo con cierta sorpresa evocaciones de amenazas a la seguridad de Gibraltar o promesas de defensa de su soberanía por todos los medios necesarios, que parecen escapadas de la Guerra Fría, conviene recordar en sus justos términos lo que España propone y promueve. Tratándose como se trata de una cuestión de integridad territorial española, poco hay que pueda cambiar tras el 26 de junio.