En la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), organismo presidido por el diplomático español Fernando Arias, el ministro Josep Borrell advirtió de que el éxito de esta organización es fiel reflejo de la responsabilidad histórica para trabajar por la eliminación de armamento de destrucción masiva.
España se unió a la OPAQ en 1997 y desde entonces ha participado activamente en los programas y proyectos impulsados por este organismo que integran 193 países y que supervisa el esfuerzo mundial para eliminar las armas químicas de forma permanente. Más del 96 por ciento de todas las reservas de armas químicas declaradas por los países poseedores han sido destruidas bajo la verificación de la OPAQ, que recibió en 2013 el Premio Nobel de la Paz.
Por otra parte, el ministro Josep Borrell mantuvo una reunión, en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), con su presidente, el juez nigeriano Chile Eboe-Osuji, quien agradeció al ministro el “apoyo incondicional de España” al trabajo del alto tribunal, asegurando que España puede desempeñar un papel clave en conseguir el apoyo universal de los Estados a la CPI.
La CPI es un organismo internacional independiente que se financia principalmente a través de los Estados miembros, pero también con aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades. España tiene un alto grado de compromiso con la CPI y con las funciones que ésta ejerce como institución universal que lucha contra la impunidad de los crímenes más graves. Nuestro país ha ratificado los instrumentos internacionales reguladores de los crímenes de los que conoce la CPI y ha apoyado firmemente la labor de la Corte desde la entrada en vigor de su Estatuto. Cabe destacar especialmente el apoyo de España al Fondo Fiduciario de la CPI en beneficio de las Víctimas. Además, España forma parte de la denominada Red Informal Ministerial para la Corte Penal Internacional. Creada en 2013, está compuesta actualmente por los ministros de Asuntos Exteriores de 35 países, que se reúnen una vez al año para intercambiar ideas que sirvan para promover la universalidad y profundización del trabajo de la Corte y, en definitiva, para dar impulso y respaldo político a la CPI.