Madrid, 20 de noviembre de 2009
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace público el siguiente comunicado:
La señora Aminatu Haidar, defensora saharaui de los derechos humanos, viajó desde Canarias a El Aiún, donde fue rechazada por las autoridades marroquíes. Las líneas aéreas que la transportaron, se vieron obligadas a retornarla cumpliendo con la normativa internacional de la OACI y la normativa Schengen. El Gobierno no tiene competencia sobre la decisión de terceros Estados de rechazar la entrada en su territorio, ni tampoco sobre la de las compañías aéreas que aplican las normas internacionales.
La decisión de aceptar la entrada en territorio español de la señora Haidar, después de la decisión de las autoridades marroquíes de no permitir su entrada, se fundó en que la señora Haidar tiene una autorización de residencia en España en vigor hasta el 21 de enero de 2010, y en aplicación de las circunstancias excepcionales previstas en la Ley de Extranjería. Es la única decisión en este caso que compete a las autoridades españolas.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ha mostrado su preocupación por esta situación durante su encuentro en Rabat con su homólogo marroquí. Este le informó que la señora Haidar había venido utilizando en los últimos años un pasaporte marroquí, cumpliendo con los trámites administrativos de entrada, aunque afirmó que no los había seguido en esta ocasión. No obstante, le comunicó al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación que la señora Haidar podía acudir al Consulado marroquí para solicitar un nuevo pasaporte.
En caso de que no obtuviera un nuevo pasaporte, el Gobierno está dispuesto, si la señora Haidar lo solicita, a concederle el estatuto de refugiada lo antes posible, y a documentarla como tal para que pueda obtener un título de viaje.
Este caso vuelve a mostrar la imperiosa necesidad de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable para las partes, respetando el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Esta posición cuenta con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas (Proposición No de Ley 162/000121 del Congreso de los Diputados de 13.07.2004).