El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, asistió el pasado martes a la Reunión de Alto Nivel sobre lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT): “Sin dejar de lado a nadie: igualdad e inclusión en la Agenda para el desarrollo post-2015”. El acto, organizado por el grupo de apoyo a LGBT y la Unión Europea, contó con la participación del secretario general de las Naciones Unidas y el vicepresidente primero de la Comisión Europea, así como con amplia participación de la sociedad civil. El objetivo era aumentar la conciencia sobre los desafíos a los que se enfrenta la comunidad LGBT en todo el mundo, y poner de relieve los vínculos entre la inclusión de LGBT y el camino hacia un desarrollo económico y social sostenibles.
En el evento, el secretario general, Ban Ki-moon, el vicepresidente Timmermans, el antiguo presidente de Botswana Festus Mogae y la reconocida activista de Derechos Humanos, Hina Jilani, reflexionaron sobre la importancia de combatir al más alto nivel las actitudes discriminatorias y sobre las medidas para poner fin a las violaciones de los derechos humanos de estas personas.
En los últimos años, muchos países han avanzado en el fortalecimiento de la protección de los derechos de las personas LGBT. Se han promulgado leyes que penalizan los delitos de odio dirigidos contra homosexuales y personas transgénero, que reconocen oficialmente las relaciones entre personas del mismo sexo y facilitan a las personas transgénero la obtención de documentación de modo que ésta no resulte discordante con el sexo reclamado. España ha reprobado públicamente la penalización de las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y la criminalización de las personas por su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, queda mucho por hacer. Un acto como éste sigue siendo, más que oportuno, necesario, cuando en más de setenta países existen leyes discriminatorias que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y convierten a las personas en delincuentes por su orientación sexual o identidad de género, todo ello con el consiguiente riesgo de ser arrestado, perseguido, encarcelado e, incluso, ser condenado a muerte.
Desde 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas ha llamado la atención sobre la vulneración de los derechos de las personas por razón de su orientación sexual o identidad de género en numerosas ocasiones. España ha jugado un papel importante en diversas negociaciones al respecto en el seno de las Naciones Unidas así como en el ámbito de la Unión Europea, uno de los principales promotores de este evento. España desempeñó un papel muy activo en el proceso de elaboración de las nuevas Directivas europeas sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, adoptadas en junio de 2013. Para que dichos derechos sean reconocidos internacionalmente, el Gobierno de España participa activamente en el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos y plantea preguntas y formula recomendaciones relativas a la protección de los derechos de las personas LGBT a aquellos países en los que se han detectado violaciones de sus derechos.