Entre los días 24 y 27 de agosto tendrá lugar en México la primera Conferencia de Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas, que entró en vigor el pasado 24 de diciembre de 2014, y en cuya elaboración participó España de manera activa.
El Tratado de Comercio de Armas representa uno de los logros más importantes alcanzados recientemente en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, al tratarse del primer instrumento jurídicamente vinculante, con vocación universal, que regula el comercio de armas convencionales.
El Tratado tiene como objetivo establecer normas internacionales comunes de carácter estricto, que serán aplicadas por las autoridades nacionales de los Estados Parte, dirigidas a regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales, y prevenir y eliminar el tráfico ilícito de estas armas y su posible desvío con fines contrarios al derecho internacional.
El Tratado de Comercio de Armas se abrió a la firma el 3 de junio de 2013 y España fue uno de los primeros países que lo firmaron en esa fecha, en la que se depositó también una Declaración sobre la aplicación provisional en nuestro país de los artículos 6 y 7 del Tratado. Posteriormente, España entregó su instrumento de ratificación el 2 de abril de 2014 junto con otros Estados de la Unión Europea. En la actualidad han firmado el Tratado 130 Estados, y lo han ratificado 72.
En esta primera Conferencia de Estados Parte, que se inaugura hoy, deberán adoptarse importantes decisiones relativas al funcionamiento y organización de las estructuras previstas en el Tratado, como la elección de la Secretaría Permanente y del primer Secretario, las reglas de procedimiento y de financiación, o el régimen de envío de los informes requeridos, entre otras decisiones.
Con independencia de los compromisos asumidos por España en el Tratado, es conveniente señalar que el sistema español de control de las exportaciones de armas convencionales va más allá de las exigencias contenidas en este Tratado, en cumplimiento de la normativa vigente en el seno de la Unión Europea. Esto permite a nuestro país participar de manera destacada y activa en las iniciativas que vienen llevándose a cabo para facilitar la aplicación del Tratado en otros Estados y avanzar así hacia su universalidad.