Las Cortes Generales aprobaron ayer 21 julio la Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersona y armas de efecto similar.
La aprobación supone el imprescindible respaldo legislativo a las acciones del Gobierno para eliminar las municiones en racimo y restos explosivos de guerra en cumplimiento de la Convención para la Prohibición de las Municiones en Racimo.
Además, la aprobación de la Ley de modificación de la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar confirma a España dentro del grupo de países en cabeza de la comunidad internacional contra aquellas armas que “siguen matando” después de un conflicto bélico, como las minas antipersonal y las municiones en racimo, unificando su prohibición y su tratamiento.
Este liderazgo se ha mostrado de manera continua durante todo proceso diplomático y político. Inicialmente, España participó en todo el proceso de negociación anterior y estuvo presente en todas las Conferencias y reuniones que llevaron a la adopción, en la Conferencia Diplomática que tuvo lugar en Dublín en mayo de 2008, de la Convención para la Prohibición de las Municiones en Racimo.
Posteriormente, España también se situó a la cabeza de países en apoyo de la pronta ratificación de la Convención para la Prohibición de las Municiones en Racimo, asumiendo los compromisos sin esperar a su entrada en vigor. Así el Consejo de Ministros de 11 de julio de 2008, aprobó un Acuerdo, sometido conjuntamente por los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa e Industria, Turismo y Comercio, por el que se estableció una moratoria unilateral sobre las municiones de racimo, anticipando así de facto los efectos de la Convención para la Prohibición de las Municiones en Racimo en lo que concierne a España.
Después de la moratoria unilateral, España firmó el 3 de diciembre de 2008 en Oslo la Convención para la Prohibición de las Municiones en Racimo y el Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2009, aprobó el Acuerdo por el que se disponía la remisión a las Cortes Generales de la Convención para su debate y ratificación por la vía de urgencia. El día 18 de marzo de 2009 fue aprobado por el Congreso y el 15 de abril de 2009 por el Senado. El instrumento de ratificación por parte de España fue depositado el 8 de junio de 2009 siendo el décimo país signatario en ratificar la Convención.
Este impulso provocó que, en marzo de 2009, España fuese el primer país signatario en destruir su arsenal de municiones en racimo en sus fuerzas armadas.
Finalmente, el Gobierno remitió el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1998, de prohibición total de minas antipersona y armas de efecto similar el 13 de septiembre de 2013 a las Cortes, que aprobó el pasado 17 de junio el Congreso y respaldó ayer el Senado.