Las aspiraciones de España por lograr su incorporación a las Comunidades Europeas cobraron impulso con la llegada de la democracia y, con tal propósito, solicitó oficialmente el 26 de julio de 1977 la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Esta aspiración española se vio satisfecha ocho años después, el 12 de junio de 1985, con la firma del Tratado de Adhesión en Madrid y la integración efectiva en la Comunidad Económica el 1 de enero de 1986. Desde entonces, la senda de España ha venido jalonada por importantes avances que han redundado en el bienestar de la sociedad española en su conjunto.
Tres años y medio después de su adhesión, en junio de 1989, España incorporó su divisa nacional al Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo, ya instaurado por Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo desde 1979. Así, en 1995, se acordó en Madrid la denominación de "euro" para la moneda común europea, cuya implantación en la sociedad civil se produjo exitosamente a partir de enero de 2002.
Asimismo, España reforzó su apuesta integracionista suscribiendo en junio de 1991 el Acuerdo de Schengen, que supuso la eliminación progresiva de los controles en las fronteras entre Estados miembros, dentro del marco del concepto de una "Europa sin Fronteras”.
La firma del Tratado de Maastricht (1992) dotó a la Unión Europea de su denominación actual, al igual que del diseño de la hoja de ruta hacia una moneda común. Ese mismo año, durante la Cumbre de Edimburgo, los Estados miembros instauraron el llamado Fondo de Cohesión para proyectos de medio ambiente, infraestructuras de transporte y energía en países con un nivel de renta por debajo del 90% de la media de la Unión. Como consecuencia de ello, España obtuvo, junto al resto de los fondos estructurales recibidos, un inestimable apoyo para la revitalización y el desarrollo regional.
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José Manuel Albares junto con su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada en Bruselas en noviembre de 2021. Foto: MAUC.
España ha desarrollado un papel activo en la construcción del proyecto europeo implicándose en la negociación de los tratados de Amsterdam (1997), de Niza (2001), en el proyecto de Tratado Constitucional (2004) y en Lisboa (2009). Del mismo modo, ha venido contribuyendo al desarrollo de políticas con aportaciones sostenidas en ámbitos diversos como ciudadanía, política de cohesión, diversidad cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha contra el terrorismo, así como llevando su impronta a las relaciones exteriores, especialmente en lo referente a la política orientada hacia América Latina y hacia la ribera sur del Mediterráneo.
Desde su adhesión, España ha participado activamente en el desarrollo y profundización de las políticas europeas más importantes: la Política Agraria Común, la Política Pesquera Común, el Mercado Interior, la política energética y de transportes, la política industrial y la política educativa, cultural y social. En los últimos años, además, España ha apoyado una reorientación de estas políticas para dar respuesta a los grandes desafíos del siglo XXI: una UE de la Salud capaz de responder a crisis sanitarias transfronterizas, una transición ecológica justa para una economía sostenible y circular, unas políticas agraria y pesquera responsables con el medio ambiente, una política social fuerte que promueva unas condiciones de vida dignas para todos, una política de igualdad de género que sirva de referente mundial, una transición digital segura que no deje a nadie atrás, y una política industrial inclusiva que fomente la innovación, la competitividad y la autonomía estratégica de la UE.
España ha desarrollado un papel activo en la construcción del proyecto europeo implicándose en la negociación de los tratados de Amsterdam (1997), de Niza (2001), en el fallido Tratado Constitucional (2004) y en Lisboa (2009). Del mismo modo, ha venido contribuyendo al desarrollo de políticas con aportaciones sostenidas en ámbitos diversos como ciudadanía, política de cohesión, diversidad cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha contra el terrorismo, así como llevando su impronta a las relaciones exteriores, especialmente en lo referente a la política orientada hacia América Latina y hacia la ribera sur del Mediterráneo.
La Unión Europea es el marco natural de desarrollo político y económico de nuestro país. Por ello, España asume sus responsabilidades impulsando en la actualidad una Unión más eficaz, más democrática, más próxima a los ciudadanos, capaz de responder a los retos y necesidades del nuevo siglo.
La Unión Europea propone el refuerzo de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en los próximos años a través de una mayor integración financiera, presupuestaria, económica y con una mayor legitimidad democrática. El objetivo final es poder garantizar el bienestar económico de los ciudadanos y de las empresas de la Unión Europea.
La UEM implica una política monetaria común, unas normas de disciplina fiscal, así como unos instrumentos de coordinación de política económica entre los Estados miembros de la zona euro. Por otra parte, desde octubre de 2012, se encuentra operativo el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como finalidad apoyar financieramente, bajo una estricta condicionalidad, a los Estados miembros de la zona euro que experimenten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de financiación o de estabilidad financiera.
Durante los últimos años, para completar la estructura de la UEM, se ha ido creando en el ámbito financiero una Unión Bancaria (UB) con el objetivo de garantizar que el sector bancario de la zona euro y de la Unión Europea en su conjunto sea seguro y fiable. Este nuevo sistema se basa en tres pilares - el Mecanismo Único de Supervisión, el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (en fase de elaboración). Además, se ha ido construyendo una Unión de Mercados de Capitales (UMC) desde 2015 para permitir a las empresas de la Unión Europea obtener financiación más diversificada y competitiva, y fomentar el ahorro y la inversión. Por ende, la consolidación de la UB y UMC permitiría fortalecer la resiliencia de la UEM. En el ámbito de la moneda única, la Comisión Europea - con la estrecha colaboración del Banco Central Europeo - presentó en junio de 2023 la propuesta de creación del euro digital: una moneda digital que permitirá complementar a los billetes y monedas actuales, ofrecer opciones adicionales de pagos a la ciudadanía europea, y fortalecer el papel internacional del euro.
La política de cohesión supone casi un tercio del presupuesto total de la Unión Europea, 392.000 millones de euros a precios de 2021, y tiene como objetivo para 2021-2027 la promoción de la convergencia económica, social y territorial, mediante una competitividad sostenible, la investigación e innovación, la transición digital, los objetivos del Pacto Verde Europeo y la promoción del pilar europeo de derechos sociales.
Actualmente existen cuatro fondos de Política de Cohesión: 1) Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cuyo objetivo es fortalecer la cohesión económica, territorial y social en la Unión Europea mediante la corrección de los desequilibrios de desarrollo entre sus regiones. 2) Fondo Social Europeo Plus (FSE+), principal fondo de la UE para invertir en las personas y clave para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 3) Fondo de Cohesión que tiene como objetivo la reducción de las disparidades económicas y sociales mediante la inversión en medio ambiente y las Redes Transeuropeas de Transporte. 4) Fondo de Transición Justa, con el objetivo de aliviar, en las regiones más afectadas, los costes socioeconómicos derivados de la transición hacia una economía climáticamente neutra.
El importe de la política de cohesión para España en el período 2021-2027 asciende a 35.562 millones, lo que sitúa a nuestro país como el tercer mayor beneficiario, solo por detrás de Polonia e Italia, frente a los 32.400 millones asignados en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, con un incremento cercano al 10%.
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