"Atajar de raíz el problema de la migración africana exigiría invertir más del 5% del PIB de la UE", alerta el ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista a EL PERIÓDICO
A Josep Borrell no le gusta hablar a humo de paja. En esta entrevista, la primera que concede a un diario como titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, alerta de que el reto migratorio amenaza la supervivencia de la Unión Europea, y también expresa sus dudas acerca de las posibilidades reales de reconducir el conflicto catalán.
-¿Qué misión le confió Sánchez al ofrecerle la cartera de Exteriores?
-Participar activamente en la integración europea e impulsar, efectiva y no retóricamente, los lazos con Latinoamérica; activar la política de cooperación y abordar la migración como problema común de todos los europeos. Además de recomponer la imagen de España, dañada en el exterior por la propaganda del independentismo catalán...
-¿Qué balance hace la política exterior de Rajoy?
-España ha perdido protagonismo en Europa y en América Latina. No hemos jugado en la Unión el papel que desarrollamos en los años 80 y 90. Respecto a la cooperación, aunque falten recursos tiene una enorme importancia mantenerla viva para que nuestro país tenga presencia en el mundo en desarrollo. En los últimos años se ha debilitado más de lo que los escasos recursos hacían temer.
-Rajoy se apresuró a pedir cita a Trump, y la logró. ¿Sánchez también aspira a visitar la Casa Blanca?
-Durante la reciente visita de los Reyes se reiteró la invitación a Donald Trump para que visite España, pero de momento esa visita no está en la agenda. Respecto a la agenda internacional del presidente del Gobierno, ahora está muy ocupado visitando a los socios europeos y nuestros vecinos más cercanos.
«Con su dinámica demográfica, África superará pronto los 2.000 millones de habitantes. Atajar el problema raíz requiere un gran compromiso»
-El episodio del 'Aquarius' fue un punto de inflexión en la postura española ante el debate migratorio. ¿La UE ha entendido que el drama del Mediterráneo no atañe solo a los países ribereños?
-Objetivamente es imposible negar que sea así. Pero hay una discrepancia profunda entre los países europeos sobre cómo afrontar esta responsabilidad común. El problema de la inmigración, y esta es una frase fuerte, es que puede ser el disolvente de la Unión Europea, destruyendo los nexos que hemos ido construyendo entre sus estados miembros. La crisis migratoria puede ser más grave que la del euro, porque versa sobre valores, sentimientos, identidades y no solo sobre recursos financieros. Si la UE quiere suprimir sus fronteras interiores, como ha hecho con el espacio Schengen, no puede concebir sus fronteras exteriores como si lo fueran de cada país. Si entre Francia e Italia no hay frontera, la frontera exterior de Francia pasa a ser la de Italia. Pretender que el problema migratorio lo resuelva el país al que le toca, una vez Grecia, otra Italia y otra España, es negar la existencia de una frontera común.
-Se habla más de cómo blindar las fronteras que de cómo afrontar el fenómeno migratorio.
-Los europeos no somos conscientes de la gravedad del problema. Toda la atención se concentra en qué hacer con los últimos 600 que han llegado: quién los recoge, a qué puerto van, quién se hace cargo... La atención va saltando de un episodio a otro, y la emotividad explota cuando aparece la foto de un niño muerto en la playa. Pero el problema de fondo es el cambio climático, que desertiza el Sahel, y que allí las mujeres no se han incorporado al mercado laboral y tienen de media seis o siete hijos. Esa dinámica demográfica hará que África supere pronto los 2.000 millones de habitantes, como contaba en un reciente artículo en EL PERIÓDICO. Tenemos que actuar sobre las causas profundas del problema: una población en constante aumento, pérdida de fertilidad del territorio, inestabilidad política e incapacidad de las instituciones para canalizar el crecimiento. La marcha hacia Europa es la solución natural para muchas de esas personas, como en su día lo fue para los españoles, irlandeses o italianos que escapábamos de nuestras hambrunas emigrando a América. Hay que atacar la raíz del problema, y eso implica políticas a largo plazo desarrolladas de forma constante para la ayuda al desarrollo de África.
-¿Qué inversión exigiría esa especie de 'plan Marshall'?
-Las cifras del 'plan Marshall' escapan a la voluntad política que es razonable esperar de unos estados que se pelean por un presupuesto comunitario raquítico, equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) de la Unión. Seguramente haría falta más del 5% del PIB, pero hemos de saber que mientras no actuemos en esos frentes tendremos una presión demográfica cada vez mayor. Eso requiere políticas de largo plazo. Desgraciadamente las políticas a largo plazo resultan poco atractivas y se posponen ante la exigencia a corto plazo marcada por las imágenes de las tragedias de los que se ahogan en el Mediterráneo y de los que se pierden en el Sáhara, aunque esto se conozca menos.
«No comparto los planes políticos de Italia, pero hay que ponerse en su piel: se ha sentido abandonada»
-Los líderes europeos debaten crear centros de desembarco para migrantes, bien sea territorio comunitario o, como defiende Italia, al otro lado del Mediterráneo. Pero las oenegés alertan de que en Libia, un estado fallido, se conculcan los derechos humanos de los migrantes.
-Italia llegó a un acuerdo bilateral con el Gobierno en Libia, un país desestructurado y fragmentado, para evitar las llegadas por mar que no podía controlar. Y los europeos miramos para otro lado. Es evidente que las condiciones de esa retención en Libia no son aceptables. O evitamos que se echen al mar o los rescatamos después, pero habrá que hacerlo en un lugar digno y con recursos suficientes. Eso cuesta un dinero y un esfuerzo de organización, pero sobre todo hay que evitar que el peso caiga sobre el país que está más cerca. Italia se sintió abandonada, lo que explica su actual sentimiento antieuropeísta. No comparto sus planes políticos, pero hay que ponerse en su piel. Mientras no entendamos que la crisis migratoria es un problema común de Europa, Schengen estará en peligro y la Unión correrá riesgo de disolverse por las querellas entre unos y otros.
-Como sucedió con Schengen y el euro, ante el reto de la inmigración vuelve a dibujarse la Europa de las dos velocidades…
-Es evidente que no todos los países van a querer compartir más soberanía, como exige una Europa más profunda. O avanzamos unos cuantos más aprisa, sin cerrar la puerta a quienes quieran incorporarse más tarde, o nos quedamos como estamos. Y esa no es una solución.
-¿Cómo esperar que Europa avance con el motor franco-alemán aparentemente gripado?
-Es imposible concebir Europa sin un acuerdo entre Alemania y Francia. Es una condición necesaria, pero no suficiente; debe haber otros países que sigan y jueguen un papel importante. España lo hizo durante los gobiernos de Felipe González. Ahora ha aparecido en Italia un Gobierno que cuestiona abiertamente la Unión, y en España, un Ejecutivo europeísta pero no 'eurobeato', que no la cuestiona pero sí pide mayor protagonismo para reorientarla. El equilibrio político en Europa ha cambiado.
-Con solo 85 diputados, ¿Sánchez podrá materializar su propósito de agotar la legislatura?
-No vivimos una situación normal. España ha sufrido tres test de estrés en muy poco tiempo, y los ha superado razonablemente bien: la repetición electoral del 2016, la aplicación del artículo 155 en Catalunya y la moción de censura, que ha fructificado. Eran escenarios constitucionales pensados para que nunca llegaran a producirse, y lo han hecho. Ahora hay un Gobierno en minoría sin aliados firmes, pero podemos encontrar puntos de intersección. El próximo presupuesto será la prueba de fuego.
-¿Cómo ha afectado el 'procés' a la imagen exterior de España?
-Una propaganda negativa y deformante la ha dañado. Tenemos que volver a ponerla en su sitio contando las cosas como son. No digo que no tengamos problemas, ni que no hayamos cometido errores, pero se ha proyectado la imagen de una España neofranquista, un verdadero 'revival' de la leyenda negra. Decir que hoy las instituciones españolas funcionan como en el franquismo es un abuso del lenguaje que no se puede permitir, aunque solo sea por respeto a quienes de verdad sufrieron ese régimen.
-¿Cómo se propone hacerlo?
-Explicando hechos y datos. Por ejemplo, cómo califican a nuestras instituciones los ránkings internacionalmente aceptados. En algunos medios y universidades se ha comprado el relato de un pueblo oprimido, víctima de un estado represor que lo expolia, le impide expresarse libremente y el normal uso de su lengua. Ningún gobierno del mundo lo ha creído. Ahora tendremos que hacer, además, diplomacia social y mediática. Y plantar cara cuando se digan falsedades. Algunas cosas son fáciles de explicar: si en España la justicia no es independiente, ¿cómo se entiende la condena del 'caso Gürtel', que hizo caer al Gobierno?
-¿Qué puede y qué no puede hacer el Gobierno, en el plazo que tenga, para encauzar el conflicto catalán?
-Rebajar la tensión dialéctica; el cruce de invectivas debe dejar paso a la argumentación. El Gobierno debe resolver los problemas reales donde los haya: infraestructuras, transportes... Donde haya un problema real habrá que resolverlo. Lo que no tiene arreglo son los problemas imaginarios; solo podremos explicar su componente imaginaria.
-¿«Problemas imaginarios»?
-Un ejemplo: Torra insiste en que Catalunya tendría 16.000 millones contantes y sonantes más al día siguiente de la independencia. Eso no es cierto y habrá que explicarlo. Es matemáticamente incompatible con lo reconocido por Mas-Colell: que Catalunya aporta según su PIB y recibe según su población. Y cuando se aborde la financiación autonómica habrá que explicar cuál es la situación relativa de cada comunidad. Habrá que explicar las cosas tal como son, lo que probablemente no se ha hecho, o se ha hecho poco, y abordar de frente los problemas que afectan a la vida cotidiana de la gente en los que haya retrasos injustificados o el trato no haya sido equitativo.
-El 47% de los catalanes votan independencia. Eso no es imaginario, ni es fácil que cambien de opinión...
-En efecto, el problema es más grave y profundo. Una parte importante de los catalanes que votan independencia ya son psicológicamente independientes, han roto los nexos culturales e identitarios con España. Lo dijo Junqueras: "Aunque España fuera el mejor país del mundo, yo no sería español por dignidad." En estos términos, hay poco que discutir; en términos binarios, entre el 0 y el 1, no hay término medio. Pero otros catalanes que votaron a favor de la independencia pueden entender que existen soluciones mejores, menos traumáticas y costosas, para resolver los problemas de Catalunya.
-¿Cree que el independentismo facilitará la distensión?
-El independentismo está muy dividido entre los del 'cuanto peor, mejor', los que llevaron a la declaración de independencia que se saldó con una huida de fin de semana, y quienes creen que por esta vía no se puede avanzar, entre otras cosas porque con el 47% no tienen suficiente base social. SerÍa interesante saber cuándo descubrieron que no tenían suficiente base social. En fin, nunca es tarde si la dicha es buena.
-¿Qué indica el choque con Torra en EEUU ante la cita con Sánchez?
-Mejor no hacer balance de recriminaciones mutuas. Torra mantiene el mismo discurso descalificativo de España y de su sistema político y judicial, de una Catalunya colonizada, subyugada y expoliada, bajo una "crisis humanitaria". Lo hizo en el festival cultural de Washington, donde le replicó el embajador. Ningún embajador se queda impasible ante ataques a su país como los que profirió Torra. Morenés aportó datos internacionalmente contrastados sobre la calidad de nuestro sistema político y judicial, publicados por Exteriores y consultables 'on line'. Conviene hacerlo, porque ya se sabe cómo se deforma lo que se dice. Yo, por ejemplo, nunca dije lo que se me achaca malévolamente de "desinfectar a Catalunya" o "a los catalanes"
-¿Se opone a que el Govern reabra las 'embajadas'?
-El Gobierno no se opone a que la Generalitat tenga delegaciones en el exterior para ejercer sus competencias. Pero no se les puede llamar 'embajadas', porque no lo son, y para abrirlas la ley vigente exige cumplir unos trámites que lamentablemente todavía no se han cumplido.