El catalán Josep Borrell, nombrado Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Política de Seguridad y hasta ahora responsable de la diplomacia española, ha dirigido una carta abierta a Jean-Paul Carteron, fundador del Crans Montana Forum, que reproducimos seguidamente.
“Le escribo esta carta extrañado por la presentación que hizo de Carles Puigdemont el pasado 26 de junio, cuyo contenido demuestra una falta de conocimiento sorprendente en una persona que es responsable de una organización como el Crans Montana Forum. Mostró su sorpresa por los procedimientos judiciales abiertos contra una persona que, según sus palabras, lo único que ha hecho es tomar decisiones consideradas “políticamente incorrectas”. Además, añadió que aquellas personas que en la actualidad están a la espera de que se dicte sentencia por haber participado en los acontecimientos vividos en el otoño de 2017 en Cataluña “están en la cárcel porque no piensan como el poder central”. El uso de tales expresiones denota una ligereza que probablemente explique el sentido de su breve discurso. Tanto una cosa como la otra tienen poco que ver con el rigor que cabe esperar de un foro como el que usted dirige, al que usted además me ha invitado en ediciones previas y en el que por tanto he participado. ¿Quién es ese malvado “poder central”? Pues bien, parece que se trata, en este caso, del Tribunal Supremo español.
Con sus palabras, niega a España la calidad de Estado de derecho, lo cual, a pesar de la ambigüedad con la que voluntariamente se manifiesta, solo tiene una interpretación, la de la persecución política que el gobierno español habría ordenado a los jueces. Una presunción como tal resulta insultante.
A este respecto, permítame que le recuerde que, en su último informe sobre España publicado en el mes de junio, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) afirma literalmente, en relación a las declaraciones reiteradas de Carles Puigdemont, que “la independencia y la imparcialidad de los jueces españoles no pueden cuestionarse en ningún caso”. Parece que usted desconoce que en Cataluña, son muchos los responsables políticos y otros que piensan como el Sr. Puigdemont y que defienden sus ideas públicamente, con total libertad. Para empezar, miembros del gobierno catalán, con el presidente Torra a la cabeza. ¿Cómo puede explicar usted que estas personas no hayan sido perseguidas por la justicia español? La respuesta es sencilla: expresar opiniones políticas, sean las que sean, no es un hecho punible en España, no lo es más que en cualquier otro país democrático.
Lo que diferencia a unos de otros no son sus opiniones sino sus actos. Yo no soy jurista. Usted sí lo es. Usted debería saberlo mejor que yo. El Sr. Puigdemont, al igual que los demás líderes catalanes que en la actualidad están a la espera de sentencia, supuestamente participó en la ejecución de un plan cuyo objetivo era, por vía de hecho y al margen de toda legalidad (catalana, española o internacional), crear un nuevo estado en el territorio de la actual comunidad autónoma de Cataluña y derogar la Constitución española en dicho territorio. Son los tribunales los que deben pronunciarse sobre el fundamento de estas graves acusaciones. Por cuanto a mí se refiere, respeto la separación de poderes.
Con independencia de las opiniones personales, creo que nadie debería dudar de la gravedad de cuanto ocurrió concretamente el 6 y el 7 de septiembre de 2017 en Barcelona. Durante esos dos días, la mayoría independentista en el parlamento catalán, contraviniendo el reglamento interno de la Cámara, las disposiciones del estatuto catalán y la Constitución española, aprobó una “ley de transición jurídica” que suponía la derogación de la Constitución española y del estatuto de autonomía de Cataluña en el territorio de la región. Dicha ley se publicó el “Diario Oficial de Cataluña”. ¿Lo sabía? Porque a este respecto usted no comenta nada.
En lo que se refiere a la jornada del “referéndum” ilegal del 1 de octubre, los cargos contra los acusados no tienen que ver con el hecho de que “pusieran urnas”, sino con su desobediencia al Tribunal Constitucional español, que había declarado ilegal aquella votación al estar organizada fuera del marco jurídico existente. Como bien sabe, las audiencias del proceso judicial contra los responsables catalanes, que se celebraron de febrero a junio de este año, fueron todas públicas y se retransmitieron en directo. Creo que es difícil hacerlo mejor en términos de transparencia. El estado español no tiene nada que esconder.
Sus palabras parecen sugerir que el presidente del Parlamento Europeo ha decidido de forma arbitraria impedir al Sr. Puigdemont asumir sus funciones como eurodiputado. Pero la realidad es bien distinta.
En primer lugar, el Presidente del Parlamento solo actúa siguiendo las directrices de sus servicios jurídicos. El Parlamento Europeo solo puede reconocer como eurodiputado a aquellos candidatos electos cuyos nombres les traslade la autoridad competente nacional (una vez cumplidas las condiciones previstas en la legislación de cada estado miembro). El presidente del Tribunal General de la Unión Europea ya ha declarado en este contexto que no existen fundamentos suficientes para adoptar medidas provisionales para que se deba reconocer al Sr. Puigdemont como miembro del Parlamento.
Quiero pensar que una persona con su reputación no sería capaz de aprobar esa fórmula tan apreciada por el Sr. Puigdemont y su entorno, según la cual, la democracia está por encima de la ley. Espero que esté de acuerdo conmigo en el hecho de que, en un Estado de derecho, este tipo de propósitos no tienen ningún sentido. En un Estado de derecho, la ley es la garantía de la democracia.
Para concluir, me gustaría recordar que el pasado 28 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó el recurso contra la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender una sesión plenaria del Parlamento catalán durante la cual estaba previsto declarar la independencia de Cataluña. Como recuerda el TEDH, la ley se puede modificar, pero a través de los procedimientos legales y democráticos: intentar revertir el orden constitucional de un estado democrático, como España, no puede ser lícito nunca”.