El Consejo de Ministros ha aprobado hoy diversas contribuciones voluntarias por un total de 17 millones de euros a organismos internacionales, monto dirigido a paliar la crisis humanitaria de la población venezolana desplazada, así como el impacto en las comunidades de los países de acogida.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabajarán con financiación española para proveer de asistencia básica a las personas desplazadas, reforzar las capacidades de las comunidades de acogida y contribuir a la protección de la población más vulnerable.
España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), realizará una contribución de cinco millones de euros a la OIM, la misma cantidad al BID y siete millones de euros a ACNUR.
Desde 2017 hasta 2019, la Cooperación Española ha aportado veinte millones de euros en respuesta humanitaria a esta crisis, tanto en la región como dentro del país. En 2019, el 42% de los fondos humanitarios de la AECID se destinaron a la emergencia venezolana, que constituye la segunda crisis de desplazamiento externo más grave en el mundo, únicamente superada por la crisis de Siria, y que desde 2017 ha llevado al exilio a 5,5 millones de venezolanos, de los que el 85 por ciento permanece en la región.
La atención a la crisis migratoria venezolana es una prioridad para España, que en la “Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos en el contexto de la COVID 2019”, celebrada en mayo de este año, comprometió 50 millones de euros entre 2020 y 2022. Durante la Conferencia, se obtuvo una recaudación record de 2.512 millones de euros.
Según los datos de octubre de 2020 de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay 4,6 millones de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe. De ellos, 1.764.883 se encuentran en Colombia, 1.043.460 en Perú y 417.199 en Ecuador. Se prevé que la cifra total de desplazados pueda aumentar hasta 6,5 millones a finales de año.
Entre las iniciativas previstas por estos tres organismos internacionales destacan el fortalecimiento de los sistemas de asilo nacionales, la asistencia legal gratuita, el apoyo a menores no acompañados, la inclusión socioeconómica, medidas sanitarias y de fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, el mapeo regional de la situación, la lucha contra la discriminación y las operaciones financieras para proyectos de desarrollo.