El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha mantenido ayer en Nueva York un encuentro con representantes de las principales organizaciones judías norteamericanas, entre las que se encontraban el Comité Judío Americano, la Liga Antidifamación, B’nai B’rith, el Congreso Judío Mundial o la Federación Sefardita Americana, coincidiendo con la entrada en vigor este mismo 1 de octubre de la ley para la concesión de la nacionalidad española a los judíos de origen sefardí, que se aprobó el pasado mes de junio.
El ministro ha declarado que se trata de un asunto de enorme significación para nuestro país por razones históricas y culturales, y espera que esta ley sirva para abrir una nueva etapa en las relaciones entre España y las comunidades sefarditas, que contribuya a estrechar los lazos. En relación con la legislación anterior, la presente normativa tiene la novedad de facilitar la solicitud de la nacionalidad a los judíos de origen sefardí, ya que suprime la exigencia de residencia de dos años en España así como la obligación de renunciar a la anterior nacionalidad, permitiendo así la doble nacionalidad.
España otorga gran importancia a la preservación de la memoria del Holocausto y a la lucha contra el antisemitismo. García-Margallo ha recordado algunas de las recientes medidas adoptadas por nuestro país en el ámbito legal, judicial, policial y educativo para erradicar el antisemitismo, tales como la tipificación de todos aquellos actos que de manera directa o indirecta incitan al odio o la violencia antisemita, incluyendo la negación del holocausto; la creación de 50 nuevos puestos de fiscales especializados en este tipo de delitos y la realización de informes estadísticos; o la introducción de la obligatoriedad de enseñar el Holocausto a los alumnos de Primaria, que ya estaba incluida en el programa de secundaria.
En el ámbito internacional, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha referido a alguno de los foros o iniciativas en que participa nuestro país, y en algunos casos encabeza, para combatir el extremismo violento y favorecer el diálogo intercultural e interreligioso, como sucede con la Alianza de Civilizaciones, el KAICIID o la Unión para el Mediterráneo. En este sentido ha recordado también el éxito de la Reunión de Alto Nivel sobre Diálogo Intercultural e Interreligioso, celebrada en Barcelona el pasado mes de julio. La lucha contra el extremismo violento, ha dicho, constituye una prioridad para nuestro país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y por este motivo España ha presentado la propuesta de nombrar a un representante especial del secretario general de Naciones Unidas contra el extremismo violento, que coordine las diversas iniciativas en este campo, así como la creación de un Tribunal Internacional contra el Terrorismo, para evitar la impunidad de estos crímenes.