España está de vuelta en el escenario internacional, pero todavía no hemos sido capaces de actualizar una legislación obsoleta.
Desde la transición, la presencia exterior de España se ha ido haciendo cada vez más intensa, diversa y compleja. Son muchas las administraciones, las instituciones y las empresas que se han ido asomando al exterior. Políticas que antes tenían una dimensión exclusivamente de ámbito nacional han ido adquiriendo una dimensión internacional. Áreas geográficas con las que no había apenas relaciones han adquirido una importancia que antes no tenían. Se abren nuevos mercados, las relaciones internacionales abarcan todos los sectores de actividad de la vida del país y los jóvenes españoles salen al exterior en busca de nuevas oportunidades laborales o hacia nuevos destinos turísticos.
A esto se añade una profunda transformación del Estado que ha pasado de ser un Estado centralista a otro en el que las comunidades autónomas han ido paulatinamente asumiendo competencias cuyo correcto desarrollo exige una progresiva proyección exterior. El apoyo a la acción exterior de las comunidades autónomas es, precisamente, uno de los objetivos prioritarios de la nueva ley.
Esta complejidad enriquecedora ha resultado, sin embargo, una cacofonía de voces disonantes, que debilitan a la imagen de España e impiden que se hable en el exterior con una voz única, en defensa de los intereses comunes, de todos. El Estado se presenta como una entidad desarticulada y la pluralidad de actores se traduce, casi automáticamente, en una pluralidad de acciones sin hilo conductor y a veces contradictorias. No se suman esfuerzos ni se buscan sinergias, se redundan actuaciones y se malgastan recursos porque la realidad ha cambiado, pero no así el marco normativo, que es el mismo que teníamos a mediados de los años cincuenta del pasado siglo. España está de vuelta en el escenario internacional, pero todavía no hemos sido capaces de actualizar una legislación claramente obsoleta.
Un Estado moderno y maduro debe tener una política exterior fuerte, estable y confiable, que ponga todos los medios al servicio de su proyección internacional, que coordine y dirija todas las actuaciones en el exterior, ahorre medios y proteja y asista a sus ciudadanos y sus empresas en todos los rincones del mundo. Se trata, en suma, de saltar de una diplomacia anclada en los años 50 del pasado siglo a una democracia del siglo XXI.
La Ley de Acción Exterior y Servicio Exterior del Estado nace con este
propósito. Soy muy consciente de las dificultades que entraña sacarla adelante. No obstante, creo que, en plena crisis, cuando se evidencian con más crudeza los vacíos de estos más de treinta años de etapa democrática, es el momento de superar corporativismos y pensar en el interés general. Después de al menos cinco anteproyectos fallidos entre los distintos gobiernos de la democracia, debemos ser capaces de culminar la transición de nuestro servicio exterior. Probablemente la única que todavía no hemos sido capaces de culminar.
El anteproyecto de ley establece instrumentos nuevos para una mayor coordinación de los actores y una integración de las actuaciones bajo el paraguas de la política exterior. Así, podremos contar con una Estrategia de Acción Exterior, documento de planificación, en cuya elaboración participarán todos los actores con proyección exterior, tanto de la Administración central como de la autonómica, así como los órganos constitucionales que hoy en día tienen una acción exterior muy consolidada. Además, se revitaliza un órgano fundamental, el Consejo de Política Exterior, que se convierte en el centro de discusión, debate y concertación de todo el Gobierno integrando todos los Departamentos Ministeriales.
Asimismo, se potenciarán herramientas que permitan una mayor eficiencia organizativa y por supuesto, presupuestaria. Por ejemplo, allí donde sea necesario, se creará una Sección de Servicios Comunes para prestar servicios a todos los órganos que trabajan en un solo país o, también, se determinará un órgano de inspección único en el exterior, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, para homogeneizar procedimientos y condiciones de trabajo en el exterior para los empleados públicos procedentes de todos los ministerios.
Un país que quiere disponer de voz y voto en el concierto internacional no puede seguir sin dotarse de los instrumentos para lograrlo. En definitiva, redefinir nuestra posición en el tablero internacional es asegurar el presente y el futuro de nuestros ciudadanos, sus futuras oportunidades y su bienestar.