Desde 2003, el 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte y, desde 2007, se conmemora también el Día Europeo contra la pena capital. Por este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración que reitera la oposición de España a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del delito cometido.
En la Declaración, el Gobierno recuerda que la Constitución española abole la pena de muerte en su artículo 15 y que nuestro país es parte en los textos internacionales que proscriben la pena capital. La Declaración destaca que la lucha contra la pena de muerte constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos y que el Gobierno proseguirá demandando a los Estados retencionistas el respeto de estándares mínimos en caso de su aplicación y la reducción de los crímenes susceptibles de pena capital, todo ello con vistas a su completa abolición.
A continuación, la Declaración del Gobierno recuerda que España contribuyó a la creación en 2010 de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte con sede en Madrid, a la que seguirá contribuyendo junto con los 19 Estados que forman su grupo de apoyo. Asegura también que nuestro país seguirá aplicando las Directrices de la Unión Europea de 12 de Abril de 2013 conjuntamente con los demás Estados miembros; que utilizará su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para promover la abolición, y que actuará en el ámbito multilateral para que la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe este año la Resolución favorable a la moratoria de ejecuciones con el máximo número de votos.
Coincidiendo con la conmemoración, Casa Árabe acoge el miércoles 10 de octubre un coloquio sobre “La pena de muerte en tiempos de transición democrática” organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, junto con la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) y las embajadas de Australia, Bélgica, Italia y Suiza.