El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global para su remisión al Congreso de los Diputados, suponiendo el inicio de la tramitación parlamentaria con vistas a que la norma se ratifique definitivamente este año.
La futura norma actualiza la actual Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y responde a la demanda del sector y al compromiso del Gobierno de renovación del marco legal de la Cooperación Española ante los cambios que se han registrado en el desarrollo global, y en particular la adopción de la Agenda 2030, y los cambios operados en la cooperación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales.
La nueva ley está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los acuerdos de cambio climático de París y otros instrumentos internacionales. Además, es un primer paso en pro de la reforma del sistema de Cooperación Española, que contempla una reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el nuevo estatuto de las personas cooperantes y un desarrollo reglamentario de la cooperación financiera y de la normativa de subvenciones para dotar al sistema de mayor eficacia y agilidad.
Asimismo, la Cooperación Española se dotará de nuevos instrumentos para mejorar la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas. La aprobación de la ley, de cumplirse en este año, coincidiría con el mayor incremento en una década en los presupuestos de cooperación: casi 400 millones de euros más en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En este sentido, la futura norma daría rango legal al compromiso de España de destinar el 0,7% de la RNB a Ayuda oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte del año 2030.
Esta ley demuestra el compromiso de España con la lucha contra las desigualdades y la pobreza, y refuerza los principios de transición ecológica justa e igualdad de género. Los bienes públicos globales (como la salud pública o la lucha contra el cambio climático) ocupan un lugar privilegiado en el anteproyecto, junto con la consolidación de la gobernanza del sistema de la Cooperación Española mediante la mejora de los instrumentos de coordinación, concertación y colaboración entre actores, como las Comunidades Autónomas, los entes locales, la sociedad civil o el sector privado.