Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a petición de España, como presidencia, y de otros ocho estados miembros, ha celebrado una sesión informativa sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en la que han intervenido, además de los miembros del Consejo, el secretario general adjunto para los derechos humanos, Andrew Gilmour, y el vicesecretario general, Jan Eliasson. Ésta será la tercera reunión formal del Consejo de Seguridad (CS) sobre la situación de los derechos humanos en la RPDC, desde que el 22 de diciembre de 2014 decidiera considerarla independientemente de la no proliferación.
El embajador representante permanente de España ante Naciones Unidas, Román Oyarzun, presidiendo el Consejo de Seguridad, ha intervenido para subrayar cómo la violación masiva y sistemática de derechos humanos constituye una amenaza para la paz y seguridad mundiales y por tanto entra en las competencias del Consejo de Seguridad. Sin abundar en detalles, mencionados ya por muchas otras delegaciones, España ha denunciado la insatisfactoria situación de los derechos humanos en la RPDC, aun reconociendo ciertos progresos, como la presentación de informes sobre la aplicación de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y de la convención de derechos del niño.
La delegación española ha destacado que la condena de las violaciones de los derechos humanos es sin duda necesaria, pero no suficiente, hay que combinar la presión con el diálogo. Para ello han sido fundamentales las labores del comité 1718, de sanciones a la RPDC, presidido por España en los últimos dos años; de las agencias de NNUU que desarrollan proyectos allí y que son la vía más efectiva para mejorar la situación humanitaria y de los derechos humanos; y, por útimo, de la sociedad civil, tanto de las organizaciones que se centran en la rendición de cuentas, como de aquéllas que trabajan en iniciativas de derechos humanos.
El embajador Oyarzun ha insistido en que el Consejo de Seguridad debe enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la impunidad, lo que implica, si no hay otra opción, la remisión de esta cuestión al Tribunal Penal Internacional.
Para todo ello es esencial el diálogo con Pyongyang, para lo que el primer paso ha de ser que el régimen norcoreano permita la visita al país, por mucho tiempo obstaculizada, del Relator Especial así como de otros mecanismos de derechos humanos.
Por último, España ha recordado los cientos de casos de secuestros de ciudadanos principalmente de Japón y de la República de Corea cuyo paradero aún no ha sido esclarecido.