España lamenta profundamente la decisión de las autoridades israelíes de autorizar la construcción de setecientas setenta nuevas viviendas en asentamientos al sur de Gilo en Jerusalén Oriental, que tendrán un impacto muy negativo en la vida de las comunidades palestinas de la zona.
España considera que estos asentamientos son ilegales de acuerdo con el derecho internacional y que, tal como ha recordado el informe del Cuarteto de 1 de julio pasado, representan uno de los principales obstáculos para la viabilidad de la solución de dos estados, junto con la persistencia de actos terroristas o de incitación a la violencia contra civiles israelíes o palestinos.