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Publicadas las recomendaciones finales tras el examen de España ante el Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños

España presentó su informe el pasado 22 de enero.

16 de febrero de 2018
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España se presentó ante el Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños el pasado 22 de enero con una nutrida delegación de alto nivel encabezada por el Secretario de Estado de Servicio Sociales e Igualdad, Sr. Mario Garcés; y en la que participaron el Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia, en representación de las Comunidades Autónomas, el Embajador ante la Oficina de la ONU y otros OOII con sede en Ginebra, Cristóbal González-Aller; así como funcionarios de todos los departamentos ministeriales afectados.
 
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España como Estado Parte de la Convención de los Derechos del Niño y de sus 3 Protocolos, está obligada a presentar informes periódicos sobre la aplicación de dicha Convención.
 
El Sr. Garcés, efectuó una presentación en la que expuso las medidas que había aplicado el Gobierno en los últimos años para garantizar la protección de los menores, entre ellas, las que luchan contra la violencia sexual, la discriminación y la precariedad económica, concretamente comentó el reforzamiento de la protección por desempleo para familias con hijos, y de la restructuración de las deudas hipotecarias de 43.000 familias desde 2013, entre las cuales 9.020 han tenido acceso al Fondo Social de Viviendas.
 
En el debate subsiguiente, los miembros del Comité hicieron preguntas sobre una amplia panoplia de cuestiones desde la situación de los niños gitanos, identificación y determinación de la edad de menores no acompañados, desahucios, dotaciones presupuestarias para las políticas de infancia, edad mínima para contraer matrimonio, entre otras.
 
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El informe presentado por España (en español) puede consultarse en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fESP%2f5-6&Lang=en
 
 
Dichas recomendaciones representan aspiraciones máximas que debieran orientar tanto próximas reformas legislativas, como políticas públicas, así como a la sociedad en su conjunto, incluyendo a empresas y asociaciones cívicas. España volverá a examinarse en 2023.