España, de la mano del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, pasó su examen periódico universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 21 de enero. Este ejercicio tiene por objeto revisar el grado de cumplimiento por parte de los Estados miembros de Naciones Unidas de sus obligaciones contraídas en materia de derechos humanos, actuando como examinadores los demás Estados miembros quienes formulan recomendaciones concretas.
La delegación española contó con representantes, además del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de los Ministerios de Economía y Competitividad, de la Presidencia, de Interior, de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Educación, Cultura y Deportes.
Tras un intenso trabajo de coordinación previa entre estos Ministerios mencionados y en el que también participaron destacados actores de la sociedad civil y la Defensora del Pueblos como observadora, España presentó un informe nacional en el que, además de dar seguimiento a las recomendaciones recibidas en el anterior EPU (2010), se informa de todas las medidas adoptadas durante estos cuatro años y medio para la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel nacional.
Este informe nacional quedó complementado con un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otro elaborado por los sectores más representativos de la sociedad civil, informes que pueden ser consultados en este link: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ESSession21.aspx
En el examen de España tomaron la palabra un total de 88 Estados que formularon 189 recomendaciones, habiendo optado por pronunciarse sobre las mismas durante la sesión de junio/julio del Consejo de Derechos Humanos. Este pronunciamiento consiste en aceptar, considerar que están ya siendo objeto de puesta en práctica o tomar nota de cada una de las recomendaciones.
El EPU es un mecanismo universal e interestatal, en el que participan los 193 Estados miembros de Naciones Unidas como examinados y también como examinadores, pasando en grupos de 14 Estados, tres veces al año –enero, mayo y noviembre- de tal forma que al cabo de cuatro años y medio aproximadamente todos los Estados han realizado este ejercicio.