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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, de visita oficial en Lima durante esta semana, visitó ayer el Establecimiento Penitenciario del Callao en compañía del Cónsul General, Andrés Collado. La Defensora del Pueblo se reunió con una decena de detenidos españoles que tuvieron la oportunidad de poner en su conocimiento los problemas por los que atraviesan y las necesidades concretas que tienen.
Por otro lado, esta mañana la Directora del Gabinete de la Defensora del Pueblo, Carmen Comas-Mata, acompañada por el Cónsul Adjunto, Xavier Martí, ha visitado el Establecimiento Penitenciario de Ancón II, donde ha mantenido sendas reuniones con un grupo de diez internos españoles y con otro grupo de diez internas, que han hecho llegar a la Oficina del Defensor del Pueblo sus preocupaciones y necesidades.
Con estas visitas se pone de manifiesto que la situación de los detenidos españoles en las cárceles peruanas, donde la vida es realmente difícil, constituye una prioridad para la Administración española. En estos momentos hay un total de 300 ciudadanos españoles recluidos en establecimientos penitenciarios peruanos. Se trata de 254 hombres y 46 mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 78 años y que configuran la mayor colonia penitenciaria española en el extranjero.
La inmensa mayoría de los internos fue detenido por tráfico de drogas en un país en el que está terminantemente prohibida la tenencia, consumo o tráfico de drogas. Las autoridades peruanas realizan controles cada vez más exhaustivos y eficaces en todos los puntos fronterizos de Perú. Las penas impuestas por tráfico de drogas oscilan entre 8 y 15 años de prisión si el delito se realiza de forma individual, y entre 15 y 25 años si el traficante es considerado como miembro de una banda dedicada al narcotráfico.
En la foto, de izquierda a derecha: Percy Castillo (Defensoría del Pueblo de Perú), Soledad Becerril (Defensora del Pueblo de España), Carmen Comas-Mata (Directora de Gabinete de la Defensora del Pueblo de España), Andrés Collado (Cónsul General), Isabel Berganza (Defensoría del Pueblo de Perú), José Perdicci (Consulado General de España) y Edie Obregón (Instituto Nacional Penitenciario).