España es un país profundamente comprometido con los derechos humanos, cuya protección y promoción constituye un eje prioritario de nuestra política exterior. La libertad, la justicia y la paz se fundamentan en el respeto a la dignidad y a los derechos inalienables de todas las personas. España quiere contribuir a título nacional y como miembro de la Unión Europea a la consecución de estos objetivos.
Un buen ejemplo de este compromiso con la protección de los derechos humanos es el II Plan Nacional de Derechos Humanos, que el Gobierno aprobó en junio 2023 con una vigencia de cinco años (2023-2027). Su objetivo es seguir avanzando en la agenda de derechos, garantizando su pleno ejercicio e impulsando nuevos avances en materia de igualdad, libertad y justicia social tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
La elección de España para ser miembro por tercera vez del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el período 2025-2027 dará un impulso renovado a nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y con el sistema multilateral de protección y promoción de los derechos humanos. El Consejo, con sede en Ginebra, tiene como función primordial la protección y promoción de los derechos humanos a nivel global, condición indispensable para la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.
Pena de Muerte
La lucha contra la pena de muerte es una prioridad de la acción exterior española. España ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1991, destinado a abolir la pena de muerte. España rechaza la pena de muerte en toda circunstancia, con independencia del crimen cometido, por ser un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad del ser humano, además de carecer de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal, y de provocar efectos irreparables en caso de error judicial.
En el ámbito multilateral cabe destacar la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) en 2010, con sede en Madrid y compuesta por una veintena de personalidades independientes procedentes de todas las regiones del mundo. España, junto con la Unión Europea y la CIPM, viene trabajando para que otros países reduzcan el número de delitos castigados con la pena capital, conmuten las condenas a muerte o reformen sus leyes para que los jueces tengan la alternativa de imponer penas privativas de libertad en vez de penas de muerte, avanzando, de este modo, hacia la abolición.
Igualdad de Género
La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres constituye un rasgo distintivo y una regla interna de la acción exterior española. El II Plan Nacional de Derechos Humanos impulsa la lucha contra las desigualdades y la violencia de género dentro y fuera de nuestras fronteras, e incorpora numerosas medidas enmarcadas dentro de la Política Exterior Feminista.
España participa de manera activa, tanto en la Unión Europea como en el sistema de las Naciones Unidas, en la fijación de políticas y creación de instrumentos e instituciones de lucha contra la discriminación por razón de género, así como la defensa de los derechos de las mujeres y niñas. España contribuye a la aplicación del Plan de Acción de la UE de implementación del Enfoque Estratégico de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2024, y de los objetivos recogidos en la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Comisión Europea.
Lucha Contra la Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género
La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es otra prioridad de la acción exterior de España. En el ámbito multilateral, España es considerado un país impulsor del reconocimiento y defensa de los derechos de las personas LGBTI.
España es miembro de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés), el LGBTI Core Group de las Naciones Unidas, y la Red Europea de Puntos Focales LGBTI del Consejo de Europa. Asimismo, España se ha incorporado al Fondo Mundial para la Igualdad (Global Equality Fund), una asociación público-privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo.
España ha apoyado activamente la renovación del mandato del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (SOGI). Además, en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, al que se someten todos los países miembros de las Naciones Unidas, España formula preguntas y recomendaciones a otros Estados para sensibilizar y denunciar la violencia y la discriminación que sufren las personas LGBTI.
Personas con Discapacidad
España identifica como una prioridad la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Defiende el enfoque de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), cuya adopción ha supuesto un cambio de paradigma en este ámbito al fomentar la inclusión y crear una herramienta jurídica vinculante.
Este compromiso quedó reflejado durante la última Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, con la puesta en marcha del Centro Europeo de Accesibilidad “AccessibleEU", el Congreso Europeo de Accesibilidad, celebrado en Madrid, y la Reunión de Alto Nivel sobre Discapacidad en Palma de Mallorca, donde se acordó una declaración sobre el derecho al voto y la accesibilidad en la participación política. De igual forma, España promovió la creación de una Tarjeta Europea de Discapacidad y una Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.
Derecho Humano al Agua y Saneamiento
El reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento es una de las grandes prioridades de la política exterior española de derechos humanos y de cooperación para el desarrollo.
En 2006, España y Alemania emprendieron una iniciativa conjunta a favor del reconocimiento de este derecho en el seno de las Naciones Unidas, considerando que el derecho al agua potable y saneamiento es indispensable para la realización de otros derechos humanos, y que es un componente esencial del derecho a un nivel de vida adecuado.
A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), España emprende multitud de iniciativas para garantizar el acceso al agua y a sistemas de saneamiento. Un ejemplo destacado es el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, del que ya se han beneficiado 4,3 millones de personas.
Personas Defensoras de Derechos Humanos
La promoción de la legítima actividad de las personas defensoras de derechos humanos y su protección constituye una de las prioridades de la política exterior del Gobierno de España en materia de derechos humanos. En 1995, España estableció un mecanismo nacional de acogida temporal de personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo por su actividad, en colaboración con otras entidades nacionales y con la sociedad civil.
Dicho programa ha permitido acoger, en colaboración con programas autonómicos y municipales, así como de la sociedad civil, a casi 463 personas defensoras en situación de riesgo desde que se puso en marcha. En 2023, el programa acogió un total de 29 personas defensoras, de las cuales la mitad eran mujeres defensoras, lo que demuestra el firme compromiso de España con la promoción de la labor de las mujeres defensoras y su protección al afrontar situaciones de mayor vulnerabilidad.