En abril arrancó en Nueva York el proceso de selección del próximo secretario general de Naciones Unidas, quien estrenará mandato el 1 de enero de 2017. El secretario general es la figura que encarna como ninguna otra a la comunidad internacional. Acertar en la elección del sucesor de Ban Ki-moon será crucial para garantizar que la organización esté a la altura de los desafíos de un mundo en constante transformación.
La persona seleccionada deberá ejercer un liderazgo mundial por la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Velará por el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Estará llamada a desempeñar un papel activo en la prevención y solución de conflictos a través de sus buenos oficios y la mediación.
Con una de las agendas más cargadas del planeta, participará en reuniones de los órganos de Naciones Unidas y mantendrá contacto directo con líderes mundiales y sociedad civil. Se relacionará con las numerosas organizaciones regionales, supervisará la labor de más de 40.000 funcionarios y 30 fondos, programas y agencias. Se convertirá en el máximo responsable de los más de 100.000 cascos azules desplegados en 16 operaciones de mantenimiento de la paz. Deberá idear formas de gestión eficaz y fortalecer la colaboración con ONG y empresas.
Por ello resulta trascendental que cuente desde el primer día con una legitimidad sustentada en un apoyo firme del conjunto de la comunidad internacional. Contribuir a esa legitimidad de origen, a través de un proceso de selección a la altura de los tiempos, es para España cuestión prioritaria.
El artículo 97 de la Carta de Naciones Unidas preceptúa que el secretario general es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Históricamente —con una sola excepción en 1950— el papel de la Asamblea se ha limitado al acto formal del nombramiento. El Consejo ha sido en la práctica el verdadero órgano decisorio.
Por primera vez en 70 años, en septiembre de 2015 la resolución 69/321 de la Asamblea General ha establecido unas pautas que incrementan la transparencia y participación en el proceso. Por vez primera, los candidatos se someten a audiencias públicas. La resolución fija los criterios de selección: capacidades de liderazgo y gestión, amplia experiencia en relaciones internacionales y sólidas aptitudes lingüísticas, diplomáticas y de comunicación. Se valorarán también con perspectiva histórica una distribución geográfica equitativa y el equilibrio de género.
Como miembro del Consejo de Seguridad, España contribuirá a asegurar la transparencia. Procuraremos que se tenga muy en cuenta el sentir mayoritario en la Asamblea General y equilibrar el papel de países no permanentes y permanentes en la toma de decisiones. La información es esencial. Proponemos tres medidas complementarias: 1) en los briefings Toledo mensuales los miembros del Consejo informarán al resto de los Estados de la marcha del proceso; 2) el presidente de la Asamblea recibirá información regular, y 3) los candidatos y los representantes de los Estados que los han presentado serán puntualmente mantenidos al corriente.
A fecha de hoy son nueve los candidatos presentados, cinco hombres y cuatro mujeres. Todos ellos acreditan una trayectoria política e internacional sobresaliente. Siete son nacionales de países de Europa Oriental, los otros dos son los antiguos primeros ministros de Portugal y Nueva Zelanda, António Guterres y Helen Clark. La lista puede aumentar. Saludamos el número significativo de mujeres candidatas.
España concede gran trascendencia a una conducción satisfactoria del proceso. El primer funcionario internacional necesita un respaldo amplio y sólido. El Consejo de Seguridad debe proponer a la Asamblea General a quien o quienes se revelen los más idóneos según los criterios expuestos. La Asamblea decidirá en consecuencia. El método es tan importante como el resultado. Nos enfrentamos a una responsabilidad con implicaciones profundas para la gestión de los asuntos globales. Candidatos, Estados y la opinión pública internacional encontrarán en España la mejor voluntad y disposición para el logro de ese objetivo.