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EN LA SEDE DE TORRES AGORA

Ceremonia oficial de la firma del Acta de constitución de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, participa en la ceremonia oficial de firma del Acta de constitución de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) como organización conforme al derecho español.

luns 25 abril 2016
En la ceremonia participaron el Presidente de la CIPM,  Sr. Federico Mayor Zaragoza, los miembros de la Comisión, Sra. Hanne Sophie Greve y Sr. Ibrahim Najjar, así como la Secretaria General, Sra Asunta Vivo Cavaller. La firma se llevó a cabo en presencia de representantes de las Embajadas de los 18 Estados miembros del Grupo de Apoyo de la CIPM. La firma del Acta constitutiva representa  un elemento esencial en el proceso de formalización de la Comisión como  organización con personalidad jurídica bajo la ley española.

El Secretario de Estado destacó la importancia que, para el Gobierno español, constituye la abolición de la pena de muerte. La lucha contra la aplicación de la pena capital es una prioridad constante de España y de la Unión Europea. Nuestro país rechaza dicha pena en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido, por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante, por carecer de efectos disuasorios probados en la prevención del crimen y por conllevar efectos irreparables en caso de error judicial, al que ningún sistema jurídico es inmune.

Fruto de este posicionamiento fue la creación en 2010, por iniciativa española, de la CIPM, compuesta por diecisiete  personalidades independientes, cuyo valor añadido es la capacidad de interlocución que su dilatada experiencia internacional les aporta. España preside su Grupo de Apoyo junto a otros 17 países de representan todas las regiones del mundo. El Secretario de Estado alabó la relevancia de la actividad desplegada por la Comisión así como la importancia de la firma del Acta constitutiva que inicia el camino para establecer de forma definitiva la sede de la Comisión en España y dotarla de personalidad jurídica conforme al derecho español.