El Gobierno de España rechaza la decisión del Gobierno de Israel de aplicar la normativa de registro a las Organizaciones No Gubernamentales humanitarias que operan en el Territorio Ocupado de Palestina, revocando sus licencias, con el objeto de expulsarlas e impedir su trabajo. Con estas medidas, que han afectado a reconocidas ONG españolas e internacionales, Israel limita así el trabajo de las ONG y actores humanitarios para hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza y atender las necesidades más básicas de la población palestina. Esta decisión se suma a la reciente aprobación en la Knesset de la ley que impone el corte del suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en Israel y en el Territorio Ocupado de Palestina, además de retirarle sus inmunidades y privilegios.
El Gobierno de España reitera su más profunda preocupación por el severo impacto que estas decisiones van a tener en la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y el Territorio Palestino Ocupado, y urge al Gobierno de Israel a revertir estas inaceptables decisiones que impiden trabajar a los actores humanitarios fundamentales, que salvan vidas y atienden las urgentes necesidades básicas de la población civil palestina y de refugiados en Gaza, en Cisjordania y en toda la región de Oriente Medio.
España reafirma su compromiso y reconocimiento a la labor de las ONG humanitarias españolas e internacionales, actores esenciales e insustituibles en su labor humanitaria que trabajan de forma independiente e imparcial para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad de la población palestina.
El Gobierno de España recuerda la obligación legal del Gobierno de Israel de cumplir como potencia ocupante con el derecho internacional, en particular con la IV Convención de Ginebra y la protección de la población civil, y de acatar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, incluidas las opiniones consultivas emitidas en julio 2024 y en octubre 2025.