El Gobierno español desea manifestar su profunda preocupación por la evolución de la situación en Venezuela tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que limitan la inmunidad parlamentaria y cercenan las competencias de la Asamblea Nacional y recuerda que la división de poderes es condición esencial de toda democracia verdadera.
Estas decisiones no contribuyen a la normalización institucional y a la necesaria cooperación entre los poderes del Estado para hacer frente a la grave crisis política, económica y social que vive ese hermano país. Son necesarias medidas políticas que promuevan la democracia, el diálogo y el reencuentro entre los venezolanos.
El Gobierno español siempre ha defendido, y lo seguirá haciendo, la necesidad de un diálogo urgente, inclusivo y efectivo como mejor manera de solucionar los problemas de Venezuela. Pero, de igual modo, entiende que ese diálogo debe dar resultados, ser efectivo y tener lugar en un contexto de escrupuloso respeto al Estado de derecho, a la división de poderes, a los principios democráticos y a los derechos humanos.
El Gobierno español considera esencial que las autoridades venezolanas adopten las medidas necesarias para restablecer las condiciones que permitan una colaboración democrática y un diálogo efectivo entre los poderes del Estado como el restablecimiento pleno de las competencias del Poder Legislativo y la fijación de un calendario electoral que permita la celebración de las elecciones previstas por el ordenamiento jurídico y constitucional de Venezuela en igualdad de condiciones.