El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado hoy por unanimidad la Resolución 2286 (2016) sobre atención médica en conflictos armados, presentada conjuntamente por España, Nueva Zelanda, Japón, Uruguay y Egipto y copatrocinada por 85 países. En la sesión han intervenido el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y la Presidenta de Médicos Sin Fronteras, Joanne Liu.
La resolución condena los ataques contra médicos y hospitales en conflictos armados y llama al cumplimiento de las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario en la materia, incluida la de permitir el libre paso de médicos y suministros sanitarios; insta a los Estados a investigar estas violaciones de Derecho Internacional Humanitario y a tomar medidas contra los responsables; y aborda cuestiones como la prevención de los ataques, la importancia de la formación o la necesidad de recabar datos objetivos y fiables acerca de los ataques contra médicos y hospitales en países en conflicto.
Además, solicita al Secretario General que proporcione recomendaciones para prevenir la violencia contra el personal humanitario y médico, heridos y enfermos; y que informe al Consejo de Seguridad como mínimo una vez al año sobre la puesta en práctica de la resolución. Con ello queda asegurada la inclusión de este importante asunto en la agenda del Consejo.
Desde que España es miembro del Consejo de Seguridad no ha pasado un mes sin que se haya producido algún ataque contra médicos u hospitales en algún país en conflicto. Muchos de esos ataques son deliberados. Con esta resolución, la primera sobre esta cuestión, el Consejo de Seguridad traslada un mensaje de apoyo a los médicos y al personal sanitario que debe hacer frente a múltiples desafíos en escenarios de extrema dificultad.
El liderazgo ejercido por los cinco miembros electos promotores de la resolución a lo largo de todo el proceso negociador supone una novedad en los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, cuyos miembros permanentes asumen habitualmente la redacción de los textos y la dirección de las negociaciones. Ello es coherente con los objetivos de transparencia y apertura que España propugna desde su ingreso como miembro no permanente de este órgano.