La reiterada negativa del Ministro del Interior italiano a autorizar el desembarco de los emigrantes que se encuentran a bordo del barco de bandera española Open Arms, anclado frente al puerto de Lampedussa después de que un juez administrativo autorizase su entrada en aguas territoriales italianas, ha llevado a una situación crítica que, según el capitán del barco, puede conducir a que no pueda mantener su autoridad a bordo.
Ante esta situación, el gobierno español, después de los contactos mantenidos en las últimas horas con el gobierno italiano a través de los respectivos Ministros de Asuntos Exteriores sin obtener ninguna garantía de que ese desembarco pudiera producirse, hace una llamada pública a todas las autoridades gubernativas italianas para que autoricen dicho desembarco.
El gobierno italiano puede tener la seguridad de que, en cuanto el desembarco tenga lugar, se producirá el reparto de todos los emigrantes a bordo del Open Arms entre los países que así lo han acordado. España asumirá la parte que le corresponde según ese acuerdo, a pesar de que en este momento está recibiendo un flujo de emigrantes por el Mediterráneo Occidental mayor que Italia.
Si en el plazo requerido por la gravedad de la situación reportada por el capitán del Open Arms, ninguna autoridad gubernativa o judicial italiana autoriza u ordena que se produzca ese desembarco, el gobierno español tomara las medidas oportunas para poner fin a esta situación, incompatible con el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, a fin de asegurar que puedan desembarcar en un puerto seguro desde el que proceder al reparto acordado entre los países que hace días dieron a conocer públicamente su voluntad de hacerlo.
El gobierno español considerará también la posibilidad de actuar, ante la Unión Europea o ante las instituciones garantes de los derechos humanos y del derecho marítimo internacional, contra la actitud mantenida por el gobierno italiano con respecto al desembarco de los emigrantes a bordo del Open Arms.