El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) remitió a la Generalitat de Cataluña este martes 25 un informe desfavorable sobre la apertura de tres nuevas Delegaciones en México, Argentina y Túnez.
Tal y como establece el artículo 12 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, corresponde al MAUC informar sobre la citada propuesta de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior. Este informe es preceptivo, aunque, según la citada Ley, no es vinculante. La ley en cuestión fue aprobada durante el Gobierno del Partido Popular, que contaba entonces con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado.
El informe considera que la apertura de las mencionadas Delegaciones es en estos momentos lesiva para los intereses del Estado, habida cuenta del objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del “procès”, en claro perjuicio de la política exterior del Estado -cuya dirección compete al Gobierno central de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución- y del normal desarrollo de las relaciones internacionales de éste –competencia estatal exclusiva según el artículo 149.1.3º del texto constitucional.
Sin perjuicio, por tanto, de reconocer la competencia autonómica para el establecimiento de oficinas en el exterior con el fin de promover los intereses de las Comunidades Autónomas, es evidente que la actuación de tales oficinas debe atenerse al marco constitucional español y desarrollarse de conformidad con éste. Una actividad exterior de una Comunidad Autónoma que se haga al margen de su marco competencial y sin respeto a los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y servicio al interés general causa en sí misma un perjuicio a la política exterior del Estado.
El Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurra en vía contencioso administrativa la decisión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de abrir delegaciones en México, Argentina y Túnez. Además, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el párrafo 3 supra y de la experiencia reciente que pone de manifiesto que las Delegaciones de la Generalitat están siendo un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España, se ha instruido a la Abogacía del Estado para que solicite medidas cautelares con el fin de evitar actividades que se están revelando perjudiciales para los intereses del Estado.