España condena la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica de numerosas organizaciones nicaragüenses, de reconocido prestigio, dedicadas, entre otras funciones, a la defensa y la promoción de los derechos humanos.
El pleno ejercicio y disfrute de las libertades de asociación, reunión, manifestación y expresión, recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Nicaragua es signataria, es un elemento esencial de la convivencia democrática.
España urge al gobierno nicaragüense a facilitar el ejercicio de dichas libertades en el país y a encontrar una solución duradera a la crisis política, económica y social que afecta a Nicaragua a través de un diálogo nacional inclusivo y comprometido entre las partes en conflicto.