El Gobierno de España ha conocido con suma preocupación la noticia de la condena a muerte por parte de un tribunal egipcio de más de quinientas personas por actos derivados de los sucesos de los pasados meses.
El gobierno respeta el derecho de todos los estados, y por supuesto, de la nación amiga de Egipto, a regir sus propios asuntos en ejercicio de su soberanía, inclusive en el ámbito del poder judicial.
Sin embargo, España no puede dejar de expresar su inquietud por una resolución judicial que, aparte de sus graves consecuencias humanas, no contribuye a promover el diálogo, la reconciliación nacional y la estabilización.
El Gobierno de España reitera su conocida y firme oposición a la pena de muerte e insta a las autoridades egipcias competentes a que reconsideren esta grave decisión en las instancias procedentes ulteriores.