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En un mundo globalizado, las migraciones se han consolidado como uno de los vectores de transformación socioeconómica y de las relaciones entre los Estados. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, calcula que hay aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales, que representan un 3,5% de la población mundial. A lo largo de los últimos años, la Unión Europea y las Naciones Unidas han situado las migraciones en el centro de su atención y han desarrollado una arquitectura institucional y jurídica para afrontar de manera concertada las cuestiones relativas a ella.

En el ámbito internacional, España impulsa una política migratoria solidaria y eficaz, participa activamente en los foros migratorios internacionales y es parte activa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya meta 10.7 aboga por “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. A este fin, España considera fundamental la cooperación con los países de origen y de tránsito en la gestión responsable de una migración segura, regular y ordenada, así como en la prevención de la migración irregular, en la lucha contra el tráfico ilícito y en la trata de personas.


Sede Frontex. Polonia. Foto: NOLSOM-MAEC​

En la dimensión europea, España impulsa una política migratoria basada en esos mismos principios. La Unión Europea aprobó en 2015 una Agenda Europea para la Migración y trabaja actualmente en la elaboración de un Nuevo Pacto Migratorio y de Asilo que fomente nuevas normas y procedimientos comunes para asegurar flujos migratorios regulares, ordenados y seguros sobre la base de un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. 

Un instrumento valioso de la Unión Europea son los diálogos migratorios y de movilidad con terceros Estados y países socios. Destacan entre ellos el Proceso de Rabat y el Proceso de Jartum, establecidos con los países socios africanos para contribuir a la gestión de una migración segura, regular y ordenada, reforzar conjuntamente la lucha contra la migración irregular y desarrollar programas y acciones concretas que palien las causas profundas de la migración. Todo ello sin dejar de prestar atención a cuestiones como los retornos, las readmisiones y la reintegración, la protección internacional o la migración laboral.

La Unión Europea ha establecido en los últimos años instituciones clave en el terreno migratorio como la Agencia Europea de Asilo o Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas). En el ámbito de la lucha contra la migración irregular, España colabora especialmente con las autoridades de los países de las rutas del Atlántico y el Mediterráneo occidental ofreciendo apoyo técnico y desarrollando un esfuerzo sostenido de capacitación institucional en los países de origen y tránsito.

La adopción en diciembre de 2018 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular supuso un
hito en la esfera internacional, al crear un marco de cooperación que reconoce que ningún Estado puede abordar
la migración en solitario. España ha sido desde el principio un firme impulsor de este Pacto Mundial y ha participado
de forma activa tanto en su negociación como en su desarrollo institucional posterior, en el que se incluye la Red de
Naciones Unidas de Migraciones y el Foro de Examen Migratorio Internacional, que deberán velar por un adecuado
seguimiento de los 23 objetivos establecidos en el Pacto.

Siempre partiendo de un enfoque integral y de ruta, España ha otorgado a lo largo de su Presidencia del Consejo de la UE en 2023 una especial prioridad a cuestiones como la contribución de las diásporas al desarrollo en sus países de género, la migración laboral o el enfoque de género en el plano migratorio.​​


 

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