A punto de iniciar un viaje a India, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo y Marfil (Madrid, 1944), advierte a Venezuela contra la tentación de hacer pagar a las empresas españolas la crisis entre los dos gobiernos y aboga por construir centros de acogida “dignos” en países como Libia para los inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo.
Pregunta. Usted ha aguantado muchos exabruptos de las autoridades venezolanas sin contestar ¿Por qué ha llamado ahora a consultas al embajador?
Respuesta. Esta vez han sido objeto de los exabruptos el Congreso, dos expresidentes (Aznar y González) y el Gobierno en su conjunto. Todo en la vida tiene un límite y cuando ha sido sobrepasado he decidido actuar.
P. España tiene una vulnerabilidad en Venezuela, que son sus empresas. Maduro ha amenazado con tomar represalias. ¿Teme alguna expropiación?
Sería ilógico que se expropiaran empresas por diferencias políticas
R. Confío en que Venezuela respete la legalidad internacional porque no sería lógico que por unas diferencias políticas se expropie a una empresa privada. Las empresas españolas están haciendo un magnífico trabajo allí y una expropiación perjudicaría al pueblo venezolano.
P. ¿Qué hará si se niega la entrada en el país a Felipe González, que irá en mayo para defender a los presos políticos?
R. El Gobierno de Caracas sabe que Felipe González tiene un enorme prestigio, sobre todo en Sudamérica. Sería un tiro en el pie a la imagen de Venezuela. Espero que no se produzca.
P. En los últimos días se ha reunido con los cancilleres de Brasil y de Ecuador. ¿Les ha pedido que medien ante Venezuela?
Si Venezuela no deja entrar a Felipe González se daría un tiro en el pie
R. Siendo países amigos, les he explicado lo que ha sucedido. Les he subrayado que si hemos pecado de algo es de excesiva prudencia. Difícilmente se nos puede achacar este empeoramiento de las relaciones, que de momento es puramente verbal y espero que no pase de ahí.
P. ¿Fue oportuno que el Congreso pidiera la liberación de los presos políticos en Venezuela?
R. España ha sido siempre muy beligerante en la defensa de los derechos humanos. El Congreso, que es independiente del Gobierno, aprobó esa resolución y no tengo nada que decir.
P. Pero el Congreso no ha condenado el genocidio armenio.
No soy quien para juzgar al embajador Trillo. Dejemos que trabaje el fiscal
R. Para bien y para mal nuestras relaciones con la Comunidad Iberoamericana no son comparables a otras. Lo que pasa allí importa a los españoles mucho más que en cualquier otro lugar del mundo, y a la inversa.
P. ¿Tendrá el apoyo de la UE ante las represalias de Caracas?
R. No tengo la menor duda. Sobre todo, si son como usted sugiere. Nadie entendería que una empresa pagase el pato de unas malas relaciones políticas. En un arbitraje internacional sería muy difícil explicarlo.
P. La UE ha acelerado las negociaciones con Cuba tras el deshielo entre Obama y Castro. ¿No se ha quedado España atrás?
R. Niego la mayor. La UE no ha ido a remolque de la Administración Obama. Al contrario. En noviembre de 2012 ya le dimos un mandato a la Alta Representante para explorar un acuerdo con Cuba. Y España fue determinante para que fuera así.
P. El presidente Hollande ha anunciado una visita oficial a Cuba, lo que Rajoy no ha hecho y el rey Juan Carlos no pudo hacer.
R. No es igual la visita de un presidente francés a Cuba que la del jefe del Gobierno español o el Rey.
P. España es uno de los pocos países que no ha concretado su contribución a la misión de Frontex (agencia europea de fronteras) en el Mediterráneo.
R. Los acontecimientos se han precipitado. Vamos a esperar a que la Comisión ponga encima de la mesa los mimbres de lo que quiere hacer. España ha planteado desde el principio que la inmigración es un tema capital para la UE y no un asunto nacional. Es un fenómeno muy complejo que requiere actuar en múltiples frentes: Frontex, acuerdos de readmisión, programas de cooperación...
P. ¿Ayudaría hundir los barcos de las mafias de inmigrantes?
R. Sin duda, si usted destruye los barcos de las mafias dificulta su funcionamiento. Pero eso requiere una base jurídica. Para actuar en aguas libias hace falta una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que estamos trabajando, la petición de un Gobierno de unidad nacional, que no existe, o la aquiescencia del Gobierno de Tobruk, reconocido internacionalmente. Lo que no podemos es no hacer nada y ver cómo cada semana se ahogan 900 personas en el Mediterráneo.
P. Frontex no es una operación de salvamento, sino de vigilancia. No sería difícil rescatarles si Europa se pusiera de acuerdo en dónde desembarcarlos. Cameron ofrece barcos, pero rechaza acoger inmigrantes...
R. Lo urgente es impedir que se repitan tragedias como las que hemos visto. Pero además de rescatarlos, para no crear problemas añadidos, hay que crear centros de acogida dignos en los países de origen y tránsito, como Libia. Eso cuesta dinero y Europa tendrá que poner los medios.
P. Un campo para inmigrantes en Libia ¿no sería contrario a los derechos humanos?
R. Depende de las condiciones. A nadie se le ocurre decir que el campo de refugiados sirios en Jordania atenta contra los derechos humanos... Lo que sí atenta es dejarlos que se ahoguen.
P. No parece que Libia sea un lugar seguro. ¿Hay que dar un ultimátum a las facciones para que lleguen a un acuerdo?
R. Bernardino León [enviado especial de la ONU] sabe que tiene un tiempo limitado. En este momento parece que ese acuerdo está tomando forma. Espero que salga bien. Si no, la comunidad internacional no puede seguir actuando como si fuera San Marino... No podemos permitir que Libia se convierta en otra Siria.
P. España ha sido cicatera a la hora de acoger asilados.
R. En cuatro o cinco años acogimos a cuatro millones de inmigrantes. Cuando llegó la crisis, nos encontramos en condiciones muy difíciles y eso limitó nuestra capacidad de absorción.
P. ¿Ha hablado con el embajador Trillo de sus cobros de una empresa cuando era diputado?
R. Varias veces. Me ha explicado que no hay ninguna irregularidad, que esos ingresos han sido declarados a Hacienda, y estaban en el marco de la ley de incompatibilidades. No tengo ninguna razón para no creerle.
P. La Agencia Tributaria y la fiscalía parece que no le creen...
R. Dejemos que hagan su trabajo y cuando lleguen a una conclusión ya veremos. No me corresponde a mí juzgarle.
P. ¿Cuánto daño ha hecho a la Marca España la foto del exvicepresidente Rato detenido?
R. Es obvio que eso no favorece a la Marca España, pero demuestra que las instituciones funcionan. Dicho eso, probablemente hubo un exceso de publicidad. La ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la detención debe realizarse en las condiciones más favorables para el detenido.