España aboga por un multilateralismo que conjugue legitimidad y eficacia
La frase anterior no es fruto de la ingenuidad o de un quijotismo idealista: figura en la Estrategia de Acción Exterior de España aprobada en 2015. En el mismo espíritu se pronuncia la Estrategia Global de la Unión Europea, según la cual “el orden multilateral fundado en el Derecho internacional, incluyendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la única garantía de paz y seguridad en el exterior y dentro de nuestras fronteras”. Esa Declaración de los Derechos Humanos cumple hoy 70 años.
Aunque haya envejecido, sus planteamientos siguen vigentes y son más actuales que nunca. Y, en este principio del siglo XXI, el multilateralismo que subyace en su concepción es de una importancia estratégica; ni más ni menos que una necesidad para la supervivencia de la humanidad.
Precisamente mañana visitará Madrid la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien participará en un acto de conmemoración simultánea del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 40º aniversario de nuestra Constitución, cuyo artículo 10.2 incorpora explícitamente la Declaración. La promoción y protección de los Derechos Humanos están, pues, en la base de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra concepción social, y con este acto conjunto quedará patente la íntima conexión que existe entre lo que sucede en nuestro país y en el conjunto del planeta.
La persistencia de la pobreza y el aumento de las desigualdades en un mundo cada vez más rico; el cambio climático como evidencia científica; los movimientos de población; los conflictos armados en los que siguen muriendo cada año decenas de miles de personas; las nuevas y viejas formas de violencia e inseguridad; las cadenas de valor globales de una economía cada vez más integrada tienen una naturaleza transnacional.
¿Cómo afrontar esos fenómenos si no lo hacemos colectivamente, desde la integración regional, el multilateralismo, el diálogo, la cooperación, el respeto a las reglas y las instituciones que vertebran la comunidad internacional? ¿Cuál es la alternativa al multilateralismo? No la hay salvo unas relaciones internacionales basadas en “yo primero”, en la ley del más fuerte y en la imposición. Este modelo ya se ha experimentado en el pasado: condujo a las páginas más negras de la historia de la humanidad. Los problemas globales no pueden gestionarse desde la miopía local.
El 11 de noviembre se conmemoraba en París el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, uno de los más trágicos acontecimientos de la Historia. Se le llamó la “guerra para acabar con todas las guerras”, pero alumbró otra conflagración todavía más mortífera solo dos décadas más tarde. En esos años de entreguerras no supimos dotarnos de instituciones eficaces para desactivar los conflictos.
No es posible construir sociedades prósperas y pacíficas en un entorno aislado, de espaldas a otras zonas en las que reinan la injusticia y la violencia. La reacción frente a esta realidad no puede ser el encastillamiento en la soberanía nacional (menos aún la construcción de nuevas y quiméricas microsoberanías) o el rechazo a lo que viene de fuera, tachado de amenaza. Esta actitud es improductiva, no aporta soluciones y va contra el sentido de la Historia.
En cambio, hay que gestionar colectivamente estos fenómenos y tendencias en beneficio de la mayoría. Por ello, es oportuno recordar tres hitos que subrayan la vitalidad del enfoque multilateral. En primer lugar, la ONU ha lanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, estableciendo para todos los países metas claras y cuantificables en todos los sectores, desde la educación al crecimiento inclusivo. España se ha tomado estos objetivos muy en serio, con la creación de una Alta Comisionada, y está elaborando su estrategia nacional para cumplirlos.
En segundo lugar, la comunidad internacional se reunió hace pocos días en Katowice, tierra de carbón, para fortalecer el combate contra el cambio climático. Y falta hace, porque, como recordaba el secretario general de la ONU, António Guterres, “la realidad del cambio climático supera las previsiones más pesimistas”. La urgencia de la actuación conjunta de todos los actores se hace cada vez más acuciante.
Por último, el mundo se ha citado en Marrakech para adoptar hoy el Pacto Mundial sobre las Migraciones. Es un documento que incorpora una visión compartida del fenómeno migratorio, en el que tienen responsabilidades los países emisores, los de tránsito y los receptores. El Pacto, que no es un instrumento jurídicamente vinculante, no será suscrito por todos los países, lamentablemente ni siquiera por todos los miembros de la UE, pero supone el reconocimiento político al más alto nivel de que solo mediante el esfuerzo concertado podrán abordarse con éxito los desafíos y oportunidades que las migraciones entrañan. Ahora se nos dice que el multilateralismo está en crisis.
Se acusa a la ONU o a la UE de ser entes burocratizados, alejados de los ciudadanos. Lo repetía hace poco en Bruselas el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Algo de razón hay en estas críticas. La cuestión es cómo responder ante ellas.
Para España es preciso, además de reivindicar esas instituciones (si no existieran haría que inventarlas), reformarlas para reforzar la gobernanza mundial. Por eso apoyamos las iniciativas del secretario general para hacer de la ONU una herramienta más útil en el cumplimiento de sus fines.
No estamos solos en el empeño. Durante la apertura del presente periodo de sesiones de la Asamblea General, 126 jefes de Estado y de Gobierno, una cifra extraordinaria, han reiterado en Nueva York su respaldo a las Naciones Unidas.
En 2020 la ONU cumple 75 años. Ése puede ser un buen momento para analizar en una cumbre algunos cambios institucionales necesarios para aumentar su legitimidad y su eficacia, como la reforma del Consejo de Seguridad, para que sea más representativo y se limite el uso de los vetos de las grandes potencias, o el establecimiento de una asamblea parlamentaria, reforzando así el papel de la sociedad civil y la dimensión democrática del sistema multilateral.