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La Comisión Internacional contra la pena de muerte presenta la versión en español del informe “Niños, jóvenes y pena de muerte”

​La abolición de la pena de muerte está recogida en la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 como una de las prioridades españolas en materia de derechos humanos

21 de mayo de 2024

​La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) ha presentado hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en su sede de Marqués de Salamanca, la versión en español del informe “Niños, jóvenes y pena de muerte”. El objetivo del informe y del evento, organizado con ocasión de la reunión anual de la Comisión, es poner los derechos de los niños y la abolición de la pena de muerte en el primer plano de la agenda internacional de derechos humanos. 

El informe, cuya traducción al español ha sido financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, destaca que todavía existen países que mantienen la pena capital para los menores y analiza los problemas que surgen por la ausencia de mecanismos para una correcta determinación de la edad, o los problemas físicos, psicológicos o sociales a los que se enfrentan los menores cuyos progenitores o familiares son condenados a muerte. 

El acto ha contado con la presidenta de la CIPM, Navy Pillay, la comisaria Marta Santos País y el presidente de UNICEF-Comunidad Valenciana, Jorge Cardona. Además, han participado cuatro jóvenes originarios de varios países que han trabajado en temas relacionados con la pena de muerte. Por su parte, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, ha participado a través de un mensaje de vídeo. 

España contra la pena de muerte
La abolición de la pena de muerte está recogida en la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 como una de las prioridades españolas en materia de derechos humanos. España promueve la abolición completa de la pena de muerte en todo el mundo y anima a los Estados que todavía la imponen a aplicar moratorias de iure o de facto como paso previo. 

Asimismo, España anima a los Estados que todavía no lo han hecho a ratificar el II Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena capital.

Comisión Internacional contra la Pena de Muerte
Constituida en octubre de 2010 con el apoyo conjunto de España y Suiza, la CIPM está presidida por la magistrada sudafricana Navy Pillay y formada por 24 miembros, personalidades de prestigio internacional. Cuenta con una secretaría con sede en el Ministerio y un Grupo de Apoyo formado por 24 Estados y presidido por España. 

Los comisarios trabajan en favor de la abolición de la pena de muerte y la no ejecución de las condenas. Hacen gestiones discretas ante dirigentes políticos, altos cargos y representantes de la sociedad civil y organizan misiones a aquellos países que aún no han abolido la pena de muerte, ya sea para promover la abolición, o moratorias legales o de facto. 

El pasado mes de noviembre, la Comisión recibió el premio René Cassin que el Gobierno vasco otorga desde 2003 a personas o entidades que destacan en la defensa de los Derechos Humanos. Y, fue reconocida con el galardón en conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.







 







FOTOS: Pepe Méndez y Nancy Dimitrova (Nolsom)