La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha participado hoy en representación de España en la sexta reunión del Consejo de Facilitación de la iniciativa ACT-A (Acelerador del Acceso a Herramientas contra la COVID-19), una plataforma multilateral para el desarrollo y suministro de vacunas, diagnósticos y tratamientos contra la COVID-19.
España forma parte desde el inicio en el Consejo de Facilitación y ha participado en las cinco reuniones previas. El Gobierno ha comprometido al ACT-A 125 millones de euros y ha anunciado que habrá aportaciones financieras adicionales. Además, España contribuye en la asignación de 1.000 millones de euros de la Unión Europea.
El Consejo de Facilitación ha analizado los avances desde la última reunión, en especial en la capacidad de producción y suministro de vacunas en todas las regiones del mundo. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, y la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Stella Kyriakides, co-anfitriones de este encuentro, han centrado el debate en identificar las barreras para luchar contra la pandemia a nivel país y las estrategias para expandir la producción global de vacunas.
El mecanismo COVAX, uno de los pilares del ACT-A, ha distribuido hasta principios de mayo alrededor de 54 millones de vacunas a 122 países. A pesar de los desafíos, su objetivo es llegar a 2.000 millones en los países de renta media y baja a finales de año.
Por parte de España, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional ha manifestado la necesidad de complementar el “valioso trabajo del ACT-A” con acciones en otros ámbitos como “terminar con las barreras comerciales, incluidos los derechos a la importación y exportación a lo largo de la cadena de valor, que abarcan a las vacunas y a los componentes para producirlas”.
En esta línea, ha presentado ante el Consejo de Facilitación la iniciativa “Vacunas para todos”, que defiende una acción internacional basada en tres pilares: la flexibilización de los derechos de la propiedad intelectual, lo que permitiría la transferencia de todo el conocimiento relativo al virus; el establecimiento de una plataforma de fabricación, suministro y demanda para ajustar las instalaciones de fabricación existentes a la demanda; y la garantía de capacidad mundial de transporte, almacenamiento y distribución mediante una mayor coordinación financiera y alianzas público-privadas entre aerolíneas, gobiernos y organizaciones internacionales.
Ángeles Moreno Bau ha recordado también que España va a donar entre el 5 y el 10% de las vacunas recibidas en 2021, unos 7,5 millones, a los países de Iberoamérica, “región que con el 8% de la población mundial supera el 25% de mortandad por la pandemia”.
El ACT-A celebra un año
La iniciativa ACT-A ha cumplido un año desde su creación en abril de 2020. En este tiempo, ha conseguido que se empezara a vacunar en países de renta media y baja con solo 12 semanas de diferencia respecto los países de renta alta. También ha distribuido más de 60 millones de pruebas diagnóstico y ha garantizado 3 millones de tratamientos con dexametasona. Pese a estos logros, el déficit de financiación para lograr los objetivos marcados es de 19.000 millones de dólares.
El principal reto es revertir la desigualdad entre países para hacer frente a la pandemia. En la actualidad, más del 80% de las vacunas se han administrado en países de renta alta. África es la región con menor población vacunada, hasta la fecha sólo 1,5 personas de cada 100. Esta diferencia también se traduce en la ratio de realización de pruebas de diagnóstico, un elemento clave para detectar nuevas variantes del virus. En los países de renta media y baja, esta ratio es 90 veces menor que en los países de altos ingresos.