España participó el pasado 3 de octubre en la reunión de la Comisión Política Especial y de Descolonización (IV Comisión) celebrada en Nueva York. La delegación española reconoció la labor de esta Comisión cuyos objetivos, más de setenta años después de su constitución y con notables éxitos en su historia, siguen aun plenamente vigentes y destacó el estímulo que representa la declaración del periodo 2011-2020 como Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo para continuar con el objetivo de acabar con el anacronismo histórico que es el colonialismo, que constituye uno de los principios fundadores de la ONU. En particular, se refirió a los esfuerzos consagrados a esta labor por el Comité de los 24 o Comité Especial de Descolonización, que ha llevado a cabo en las últimas décadas una importante labor de liderazgo y conformación de doctrina de la descolonización a las que España se adhiere plenamente.
España siempre ha encontrado en este foro un lugar donde expresar, con las consecuencias legales que se derivan de ello, su rechazo a la existencia de la última colonia en Europa, que es Gibraltar.
La delegación española recordó en su intervención que en 1704, durante la Guerra de Sucesión a la Corona Española, Gibraltar fue ocupado militarmente por Gran Bretaña, que expulsó a sus habitantes españoles, los auténticos gibraltareños. En el Tratado de Utrecht de 1713, que puso fin a la Guerra, España solo cedió al Reino Unido, sin jurisdicción territorial alguna, la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. El Tratado es terminante en este sentido.
Ignorando los términos del Tratado, el Reino Unido ha ocupado ilegalmente y sin título alguno el istmo que une Gibraltar con la península ibérica. En 1909 incluso levantó una verja acotando la zona e intentado consolidar así la ocupación ilegal de territorio español. El Tratado de Utrecht define con total claridad cuáles son los espacios cedidos al Reino Unido, por lo que España nunca ha aceptado esta ocupación británica en contravención del derecho internacional, ni lo hará jamás. Lo mismo cabe decir de las aguas que circundan Gibraltar, que permanecen bajo soberanía española ya que no fueron cedidas ni en el Tratado ni en ningún otro momento.
La Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) y la IV Comisión reiteran año tras año al Reino Unido y España su mandato de entablar negociaciones para poner fin a la situación colonial de Gibraltar. Lo recoge asimismo el Comité de los 24 y está presente también en las conclusiones de los seminarios anuales que éste celebra (el último el pasado mes de mayo en San Vicente y Granadinas).
La AGNU ha elaborado un verdadero cuerpo legislativo, que España suscribe plenamente, sobre la descolonización de Gibraltar con la aprobación de importantes Resoluciones como la que en 1966 (Res 2231) invita a las dos partes, España y Reino Unido, a que continúen sus negociaciones y pide a la Potencia Administradora que acelere, sin ningún obstáculo y en consulta con el gobierno de España, la descolonización de Gibraltar. Un año después, la Resolución 2353 (XXII) de la Asamblea especifica que la descolonización de Gibraltar debe regirse conforme al principio de la integridad territorial, principio recogido en la Res. 1514. En 1968 se fijó mediante Resolución 2429(XXIII) incluso una fecha límite para poner fin a la situación colonial de Gibraltar: el 1 de octubre de 1969.
Como recordó la delegación española en esta reunión de la IV Comisión, el Derecho Internacional, la doctrina de las Naciones Unidas y la lógica de los tiempos han avalado la posición española desde hace más de 50 años, sin que por ello se hayan producido avances en la descolonización de este territorio.
La delegación española recordó además que los efectos nocivos de tener una colonia enclavada en nuestro país no se quedan solo en el plano político.
El régimen fiscal de excepción del que se dotó a Gibraltar, tanto para las sociedades como para el consumo, ha generado graves distorsiones en la economía de la zona en detrimento de la Hacienda española, de la UE y de la prosperidad de la región. Ha generado una riqueza considerable en el Peñón, contra la que España nada tiene aunque sí hubiera sido deseable que las autoridades del Peñón empleasen una parte en el cuidado del medioambiente y hubiesen construido en algún momento una estación depuradora de aguas residuales urbanas, que hoy por hoy vierten al mar sin más. Lo que sí preocupa a España es la ventaja injusta e ilegítima que este régimen proporciona a la economía del Peñón y los tráficos ilícitos a los que da origen, en particular el contrabando de tabaco, en manos ya de estructuras de crimen organizado, que ha generado verdaderas situaciones de tensión y peligro en los municipios colindantes, obligando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles a reforzar sus efectivos en la región y poniendo en peligro la seguridad de las personas. En este sentido, la delegación española informó a los asistentes a la reunión de que el pasado 7 de junio un policía local del municipio colindante de La Línea falleció mientras perseguía a unos contrabandistas.
España no ha cejado en ningún momento en su empeño negociador con el máximo respeto a la doctrina de la ONU. Fruto de estos intentos se consiguieron algunos compromisos como la Declaración hispano-británica de Bruselas de 1984, en la que España y Reino Unido resuelven abordar cuestiones de soberanía.
La actitud dialogante de España, desde el compromiso con la legalidad internacional, ha permitido que –desde 1975- año tras año, proponga conjuntamente junto con Reino Unido al Presidente de la IV Comisión una Decisión de Consenso en la que se insta a retomar el diálogo sobre soberanía conforme a los principios de Naciones Unidas.
La delegación española reiteró que España permanece abierta al diálogo y buena prueba de ello es la propuesta presentada en octubre de 2016, ante la misma IV Comisión, en la que se invitaba al Reino Unido a entablar negociaciones que condujesen a un régimen conjunto de cosoberanía sobre Gibraltar, sin que ello suponga en lo más mínimo renunciar a nuestra justa reclamación de llegar a una solución definitiva de la cuestión de Gibraltar según lo dispuesto en Naciones Unidas. Las circunstancias, contenido y beneficios de nuestra propuesta siguen plenamente vigentes. Esta propuesta persigue también el bienestar socioeconómico de toda la zona y, sobre todo, de nuestros trabajadores, en Gibraltar y en el Campo de Gibraltar. Al hilo de esto la delegación española reiteró como en años anteriores que se está tratando de alcanzar con el Reino Unido un acuerdo para la puesta en marcha de un nuevo esquema de cooperación regional en beneficio de las vidas cotidianas de los habitantes de uno y otro lado de la Verja. España ya ha señalado al Reino Unido la disposición de nuestro país a llevarlo a la práctica de forma inmediata. Este nuevo esquema contempla la participación, además de España y del Reino Unido, de las autoridades locales gibraltareñas y –a diferencia del ya desaparecido “Foro Trilateral”- también de las autoridades locales y regionales españolas competentes.
Por último, la delegación española hizo hincapié en la importancia para España de los ciudadanos españoles del Campo de Gibraltar, comarca vecina al Peñón y reiteró que los derechos e intereses de los ciudadanos españoles del Campo de Gibraltar serán defendidos por España en cualquier negociación.