Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte Penal Internacional, cuyo mandato viene derivado del mandato otorgado por los Estados miembros del Estatuto de Roma.
La Corte desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas. Es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional.
España reitera su respaldo firme e inequívoco a la Corte Penal Internacional y traslada su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal de la Corte afectados por las sanciones.
España continuará cumpliendo de manera íntegra sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.