El Gobierno de España condena firmemente las decisiones del Gobierno israelí de dejar sin efecto la ley que limita la adquisición de inmuebles y el registro de propiedad en Cisjordania, así como las medidas administrativas que le conceden jurisdicción sobre violaciones de gestión de aguas, daños medioambientales o en espacios arqueológicos en las áreas A y B. Estas decisiones son contrarias al derecho internacional, modifican el status quo en Cisjordania, y amenazan la viabilidad y la unidad territorial y política de un Estado palestino de conformidad con la delimitación de 1967, que comprenda Gaza y Cisjordania, y Jerusalén Este como capital.
El Gobierno reitera su preocupación por las sucesivas decisiones del gobierno israelí que afectan a Cisjordania, expandiendo los asentamientos, ilegales conforme al derecho internacional. En este sentido, insiste en su condena a la aprobación en diciembre de 19 nuevos asentamientos, o los desarrollos en el proyecto E1. Estas medidas y cualquier intento de anexión son inaceptables, y ponen en riesgo los actuales esfuerzos para la puesta en marcha del Plan de Paz y el alto el fuego, incrementando el riesgo de desencadenar una nueva ola de violencia.
El Gobierno de España urge al Gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones como potencia ocupante según el IV Convenio de Ginebra, y a poner fin a su ofensiva expansionista así como a la impunidad que protege a los colonos. Instamos a todas las partes a respetar sus obligaciones conforme a la Resolución 2803, y a trabajar para la implementación de la solución de los dos Estados, conforme a la Declaración de Nueva York.