El gobierno de España condena tajantemente la escalada de violencia en Bolivia que ha resultado en 23 muertos y centenares de heridos hasta el momento.
España comparte la posición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Decreto Supremo 4078, que prevé la exención de responsabilidad penal, bajo determinadas condiciones, para el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno. Las labores de orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben realizarse dentro de la legalidad boliviana y del derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
España apoya el inicio inmediato de una investigación independiente sobre los fallecimientos en los enfrentamientos del pasado viernes en Cochabamba. El gobierno de España señala nuevamente que el legítimo derecho de protesta debe ejercerse siempre por vías pacíficas.
Todos los actores implicados deben contribuir al restablecimiento de la normalidad institucional y a la celebración de nuevas elecciones con todas las garantías democráticas lo antes posible como única salida posible a la crisis actual. La celebración de dichas elecciones debe ser la prioridad fundamental de las actuales autoridades interinas.