Como en años anteriores, España ha participado en la sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas (C-24) que hoy ha abordado la cuestión de Gibraltar.
De la intervención española pueden destacarse los siguientes elementos:
• España comparte plenamente la doctrina de Naciones Unidas que, en diversas ocasiones, ha subrayado que el proceso descolonizador debe seguir un enfoque “caso por caso”. Gibraltar tiene unas especificidades que no se dan en otros territorios pendientes de descolonización: fue ocupado por la Gran Bretaña en nombre de un tercero, poblado artificialmente, en numerosas oleadas, con personas traídas de otros lugares y ampliado posteriormente con territorio ilegalmente arrebatado a España.
• La Asamblea General, desde hace cuatro décadas, viene instando a la Potencia administradora (Reino Unido) y a España a que resuelvan todas sus diferencias en torno a esta cuestión. Naciones Unidas aboga por una solución negociada bilateralmente entre España y el Reino Unido. Año tras año, una Decisión, adoptada por consenso por la Asamblea General, viene recogiendo este mandato de diálogo bilateral. La misma señala también el marco en el que debe producirse dicha solución negociada, es decir, el de la Declaración hispano-británica realizada en Bruselas el 27 de noviembre de 1984 y que dio lugar unos meses más tarde al denominado Proceso de Bruselas.
• El Gobierno español ha instado en reiteradas ocasiones al Reino Unido a retomar, a la mayor brevedad, la negociación bilateral sobre cuestiones de soberanía, interrumpida durante demasiados años.
• El Reino Unido viene respondiendo, desde 2006, que no iniciará conversaciones con España sobre cuestiones de soberanía sin el consentimiento del “gobierno” de Gibraltar. El Gobierno español entiende que esa posición contraviene el compromiso que el Reino Unido asumió con España en 1984 y que se hace explícito en la Declaración de Bruselas de dicho año, así como la doctrina establecida en las distintas Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establecen que el anacronismo colonial de Gibraltar destruye la unidad nacional y la integridad territorial de España y es incompatible con la Resolución 1514 (XV), párrafo 6, de 1960, sobre descolonización en general. Por las peculiaridades históricas y jurídicas del contencioso, Naciones Unidas ha señalado que, en el proceso de descolonización de Gibraltar, el principio que debe regir no es el de libre determinación sino el de restitución de la integridad territorial española, amputada con la presencia de la colonia en su territorio.
• Por otra parte, las dificultades de España con la colonia de Gibraltar se han visto acrecentadas en los últimos meses. El origen de la tensiones hay que buscarlo siempre en actuaciones unilaterales de las autoridades locales gibraltareñas (hostigamiento a los pescadores españoles, lanzamiento de bloques de hormigón en la Bahía de Algeciras, rellenos ilegales, actividades de “bunkering”, régimen fiscal, etc..).
• Asimismo, desgraciadamente, las autoridades locales gibraltareñas, más allá de meras declaraciones retóricas, no están cooperando debidamente en la lucha contra todo tipo de tráficos ilícitos, en particular el contrabando de tabaco, que se está convirtiendo en un grave problema en la región circundante. Esta falta de cooperación en la lucha contra el contrabando exige un mayor esfuerzo de vigilancia por nuestra parte, ante el incremento de las cifras de dicho contrabando. La propia Comisión Europea, en un Informe hecho público el pasado día 15 de noviembre de 2013, ha subrayado con toda claridad que los controles españoles en la Verja, que se realizan siempre dentro del respeto del principio de no discriminación, proporcionalidad y aleatoriedad, no suponen una infracción de la normativa de la Unión Europea - tal como alega el Reino Unido – al tiempo que reconoce el problema que supone el incremento del contrabando de tabaco y pide al Reino Unido mejoras en la lucha contra los tráficos ilícitos.
• En definitiva, esta actitud unilateral y provocadora de las autoridades locales gibraltareñas (ante la pasividad de la Potencia Administradora, el Reino Unido) está causando inconvenientes a los ciudadanos tanto en Gibraltar como en el Campo de Gibraltar y ha acentuado todavía más, si cabe, la urgencia de poner fin a esta situación colonial.
• En cualquier caso, a pesar del estancamiento que padece el mencionado Proceso de Bruselas, y a pesar de los reiterados actos unilaterales y provocadores de las autoridades locales gibraltareñas, España reitera su buena voluntad a la hora de desarrollar una cooperación de carácter regional con el fin de crear una atmósfera constructiva de confianza mutua y cooperación en beneficio y para la prosperidad del Campo de Gibraltar y de Gibraltar. Dicha cooperación regional debe dejar a un lado las cuestiones de soberanía, que corresponden exclusivamente a España y al Reino Unido, tal y como requiere la doctrina de Naciones Unidas.
• En línea con lo dispuesto en la última Decisión de Consenso aprobada por la Asamblea General el pasado mes de diciembre de 2013, el Gobierno español está tratando de llegar a un acuerdo con el Reino Unido sobre un nuevo esquema de cooperación regional centrado únicamente en cuestiones que atañen directamente a la cooperación entre los habitantes de uno y otro lado de la Verja. Este nuevo esquema contempla la participación, además de España y del Reino Unido, de las autoridades locales gibraltareñas y – a diferencia del ya desaparecido “Foro Trilateral”- también de las autoridades locales y regionales españolas competentes.