El Gobierno de España ha recibido con honda preocupación la noticia de que en torno a 700 personas han sido condenadas a muerte por un tribunal de la ciudad egipcia de Minia, en lo que ha sido, según todos los indicios, un juicio masivo sin garantías ni proceso judicial apropiado.
A la espera de conocer más detalles, el Gobierno de España recuerda el derecho de todo ciudadano a un juicio justo conforme a las normas internacionales vigentes e insta a las autoridades competentes a que revisen la decisión adoptada, impidiendo que conduzca a un resultado trágicamente irreversible. Asimismo, el Gobierno reitera su oposición a la pena de muerte en todo lugar y circunstancia.
España considera un signo alentador el recurso por parte de la fiscalía egipcia contra las condenas de muerte dictadas en marzo que han sido ratificadas.
España, reconociendo la necesidad de todo Estado de mantener la seguridad dentro de sus fronteras, considera que sólo la reconciliación nacional puede sentar una base sólida para la construcción de una sociedad democrática que esté a la altura de las legítimas aspiraciones de los ciudadanos egipcios; con las que España ha sido siempre, y sigue siendo, plenamente solidaria.