La Resolución, adoptada el 3 de mayo de 2016, condena los actos de violencia, ataques y amenazas contra médicos y hospitales en conflictos armados y llama al cumplimiento de las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario en la materia, incluida la de garantizar el libre acceso de médicos y suministros sanitarios a la población civil en guerra. Además, insta a los Estados y a las partes a investigar esas violaciones del Derecho Internacional Humanitario y a tomar medidas contra los responsables. Y aborda cuestiones como la prevención de los ataques, la importancia de la formación o la necesidad de recabar datos objetivos y fiables acerca de los ataques contra médicos y hospitales en países en conflicto. Además, solicita al secretario general de las Naciones Unidas que proporcione recomendaciones para prevenir la violencia contra el personal humanitario y médico, heridos y enfermos; y que informe al Consejo de Seguridad como mínimo una vez al año sobre su aplicación.
Con la Resolución 2286, que contó con el copatrocinio de 85 Estados, entre ellos la Unión Europea en bloque, el Consejo de Seguridad trasladaba un mensaje de apoyo a los médicos y al personal sanitario que debe hacer frente a múltiples desafíos en escenarios de extrema dificultad.