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DERECHOS HUMANOS

El ministro recibe a la hermana Helen Prejean

Alfonso Dastis y la religiosa estadounidense han subrayado la prioridad que tiene la lucha contra la pena de muerte en la política española de protección y promoción de los derechos humanos.

26 de gener de 2018
La presencia de la hermana Helen Prejean en Madrid coincide con el estreno en el Teatro Real de la ópera “Dead Man Walking”, título de su libro autobiográfico publicado en 1994, que en su momento fue llevado al cine con el mismo nombre. Ayer, la religiosa estadounidense acudió a una mesa redonda, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y el Teatro Real, en la que intervinieron Juan Ignacio Morro, director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos; Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, y Juan José Martínez, español que se libró del corredor de la muerte en Estados Unidos, así como la Hermana Helen Prejean.

La participación del MAEC en la organización de este acto refleja el compromiso de España con la lucha a favor de la abolición de la pena capital en todo el mundo, una de las prioridades de nuestro país como miembro del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2020.

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) se fundó por iniciativa española en 2010 y, desde el año 2016, tiene su sede en nuestro país. Sus miembros son 21 ex altos cargos que utilizan su influencia para apoyar la abolición. Entre otros, José Luis Rodríguez Zapatero, Federico Mayor Zaragoza,  Robert Badinter, Giuliano Amato, Michèle Duvivier, ex presidenta de Haití, o Navi Pillay, la actual presidenta, que fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en dos mandatos y magistrada de la Corte Penal Internacional. 

Los miembros de la CIPM viajan a países donde se puede avanzar en la abolición, bien porque hace tiempo que no hay ejecuciones (abolicionistas de hecho), bien porque se ha decidido una moratoria general y se quiere influir para dar el siguiente paso, la abolición. Dieciséis Estados de todas las regiones del mundo forman el grupo de apoyo, que asiste a los miembros de la Comisión y se coordina con ellos. España ostenta la presidencia de este grupo.