El acto, enmarcado en una serie de eventos para conmemorar los 20 años transcurridos desde el genocidio de Ruanda, se celebra bajo el lema “Recordar, unir, renovar”. La iniciativa invita a reflexionar durante las próximas semanas sobre la matanza brutal de 800.000 personas inocentes y sobre las lecciones de unidad y determinación de renovación que el pueblo ruandés ha dado desde entonces.
El pasado 27 de febrero tuvo lugar en Nueva York, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas, una ceremonia denominada “Kwibukwa20”, que se traduce por “Recuerda”, promovida para seguir manteniendo vivo el recuerdo del genocidio de hace 20 años. El día 16 de abril, el Consejo de Seguridad tiene prevista una sesión en la que sus miembros debatirán a puerta abierta sobre el genocidio como amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Se espera que pueda adoptarse una resolución, cuyo texto está siendo impulsado por Ruanda junto con la presidencia nigeriana. También el 16 de abril, se celebrará en la Asamblea General el acto conmemorativo anual del genocidio ruandés.
La necesidad de prevenir el genocidio y castigar a los responsables ha sido interés de la comunidad internacional desde que finalizó la segunda guerra mundial. El genocidio se definió como delito a los efectos del derecho internacional en la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948, instrumento jurídico que obliga a todos los Gobiernos hayan firmado o no la Convención. Desde entonces, se considera delito la comisión de genocidio, la planificación o asociación para cometerlo, la instigación o estimulación a otros a que lo cometan o la complicidad o participación en cualquier acto de genocidio. España se adhirió a la Convención el día 13 de septiembre de 1968.
La política exterior del Gobierno de España integra de manera transversal la promoción y protección de los derechos humanos mediante una política comprometida y activa a la vez. España, que defiende firmemente la universalidad de los derechos humanos y la importancia que tienen las instituciones internacionales para asegurar su cumplimento, es firme partidaria del principio de la responsabilidad de proteger adoptado por los Estados miembros de Naciones Unidas, así como de las capacidades de mediación y diplomacia preventiva de la ONU y del trabajo de la Corte Penal Internacional y de los tribunales especiales.
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