Madrid, 24 de octubre de 2012
El Gobierno de España condena los anuncios realizados por el Gobierno israelí de autorizar la construcción de cerca de 800 nuevas viviendas y la planificiación de otras 700 en Jerusalén Este, y en Cisjordania. España reitera que los asentamientos construidos en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este, son ilegales según el Derecho Internacional, así como la necesidad de abstenerse de cualquier acción que pueda prejuzgar aquellas cuestiones que, como el estatuto de la ciudad de Jerusalén, han de formar parte de una solución acordada al conflicto.
España considera que esta política amenaza con producir de manera irreversible la separación de Jerusalén Este del resto de los territorios palestinos y pone en peligro la necesaria continuidad territorial del futuro estado palestino y la viabilidad de la solución de los dos estados, además de suponer un obstáculo añadido para la reanudación de las negociaciones directas entre israelíes y palestinos que permitan alcanzar una paz global, justa y duradera en Oriente Medio sobre la base de la solución de dos Estados que convivan en paz y seguridad.
España reitera que la mejor manera de avanzar hacia este objetivo es trabajar para un acuerdo de paz que disponga, entre otros extremos, el establecimiento de un Estado palestino sobre la base de las líneas previas a 1967 con los cambios que acuerden las partes, y con Jerusalén como capital compartida.