Diez años después de la adopción del concepto de Responsabilidad de Proteger por los líderes mundiales en la Cumbre de 2005, y en un contexto caracterizado por desafíos crecientes en materia de protección de civiles en conflictos como los de Siria, Iraq, República Centroafricana o Yemen, el Consejo de Seguridad celebró ayer por primera vez en su historia una reunión sobre Responsabilidad de Proteger, a iniciativa de España y Chile.
Bajo el título “La responsabilidad de proteger y los actores no estatales” la reunión del Consejo de Seguridad se celebró en formato informal y abierto, con participación del resto de Estados miembros y de la sociedad civil, bajo la presidencia de los Representantes Permanentes de España y Chile ante las Naciones Unidas.
Participaron como ponentes Jennifer Welsh, Asesora del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de Proteger; Edward Luck, miembro del Comité Asesor del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger; y el profesor Luis Peral, Analista de Asuntos Estratégicos del Club de Madrid.
Los asistentes debatieron sobre la necesidad de proteger a las poblaciones en riesgo de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica, en particular cuando la amenaza proviene de grupos armados no estatales, así como sobre el reto que supone la adaptación a estos casos de los mecanismos de prevención, respuesta y reconstrucción postconflicto a disposición del Consejo de Seguridad.
Se señalaron también las dificultades que el Consejo encuentra en la práctica para actuar de forma decisiva en casos concretos como Burundi o Siria, así como la importancia de contar con la voluntad política y el compromiso de no recurrir al veto en situaciones de riesgo de atrocidades masivas, para no bloquear la actuación efectiva del Consejo.
Este encuentro da seguimiento a quinta reunión de la Red de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger, celebrada en Madrid los días 23 y 24 de junio, también a iniciativa de España y Chile, con la colaboración del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger y la Fundación Stanley. En ella participaron más de 50 países de todas las regiones del mundo, que analizaron las respuestas nacionales e internacionales a los nuevos desafíos y amenazas a las comunidades vulnerables. Sus conclusiones fueron distribuidas a los miembros del Consejo de Seguridad por España y Chile el pasado 22 de octubre.
Ambas reuniones responden al compromiso asumido por España de “impulsar, dentro y fuera del Consejo de Seguridad, la aplicación efectiva de la Responsabilidad de Proteger, dando cumplimiento al principio de la responsabilidad colectiva, recogido en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, de alentar y ayudar a los Estados a proteger a su población frente a los llamados crímenes atroces”.