Esta declaración en apoyo a la Corte Penal Internacional cuenta con el respaldo de los siguientes Estados: Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Comoras, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado de Palestina, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islandia, Jordania, Lesoto, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Maldivas, Malta, México, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República de Moldavia, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumanía, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Timor Oriental, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Uruguay, Vanuatu.
Nosotros, los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), reafirmamos nuestro apoyo permanente e inquebrantable a la independencia, la imparcialidad y la integridad de la CPI. La Corte constituye un pilar fundamental del sistema internacional de justicia al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves, así como justicia para las víctimas.
En la actualidad, la Corte se enfrenta a desafíos sin precedentes. Se han adoptado medidas que sancionan a la Corte, a sus funcionarios y personal y a quienes cooperan con ella, en respuesta al cumplimiento, por parte de la Corte, del mandato que el Estatuto de Roma le asigna.
Estas medidas aumentan el riesgo de impunidad por los crímenes de mayor gravedad y amenazan con erosionar el Estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad mundiales. Además, dichas sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de la información sensible y la seguridad de las personas implicadas, incluidos las víctimas, los testigos y los funcionarios de la Corte, muchos de los cuales son nacionales de nuestros países.
Las sanciones socavarían gravemente todas las investigaciones en curso, ya que la Corte podría verse obligada a cerrar sus oficinas sobre el terreno. Impulsar el trabajo vital de la CPI redunda en nuestro interés común en promover la rendición de cuentas, como lo demuestra el apoyo que brindan a la Corte tanto los Estados Partes como los Estados no Partes.
Como firmes defensores de la CPI, lamentamos cualquier intento de socavar su independencia, integridad e imparcialidad. Estamos comprometidos a garantizar la continuidad de las actividades de la CPI para que pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente.
En nuestro esfuerzo colectivo por defender la justicia internacional, subrayamos el papel indispensable de la CPI para poner fin a la impunidad, promover el Estado de derecho y fomentar el respeto duradero del derecho internacional y los derechos humanos.
TRADUCCIÓN NO OFICIAL