El Gobierno de España expresa su preocupación por el hecho de que Burundi y la República de Sudáfrica hayan anunciado su intención de denunciar el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia es una decisión soberana, contemplada en el artículo 127 del propio Estatuto, pero que, de llevarse a efecto, menoscabaría sin duda la aspiración de universalidad de la Corte.
España, que ha ratificado los instrumentos internacionales reguladores de los crímenes de los que conoce la CPI y ha apoyado firmemente la labor de la Corte desde la entrada en vigor de su Estatuto, reitera su compromiso con la CPI y con las funciones que ésta ejerce, como institución universal que lucha contra la impunidad de los crímenes más graves.